MÉXICO, DF (proceso.com.mx).- Previo a iniciar la Consulta Pública sobre el proyecto del Corredor Chapultepec, organizaciones sociales de la delegación Cuauhtémoc manifestaron su inconformidad por la falta de transparencia y ocultamiento de información por parte de la Agencia PROCDMX y su titular, Simón Levy, que hará que los ciudadanos acudan este domingo a participar sin información clara y precisa. La Asociación Nacional de Mujeres, el Frente de Todas y Todos, Cuauhtémoc, el Comité Promotor del Consejo de Trabajo Artístico y la Unión de Comerciantes del Mercado Juárez, A.C. señalaron a través de su representante legal, Ricardo Ariosto Matías, de Gama Abogados, que el hecho de que la ciudadanía acuda a votar sin los elementos de análisis como la revisión del propio Proyecto Ejecutivo de la obra, el cual se ha ocultado hasta el momento, no abona a un proceso de consulta informado y serio, lo que resulta considerar a esta consulta toda una farsa. Ariosto Matías señaló que este conjunto de organizaciones de residentes en la demarcación, fueron las primeras en interponer un juicio de amparo colectivo ante el Poder Judicial de la Federación en contra del contrato del fideicomiso para construir el Corredor Chapultepec, y enfatizó que la mayor preocupación de sus representados está en los riesgos en materia de seguridad al Sistema de Transporte Colectivo, Metro, que corre por avenida Chapultepec. En este sentido, explicó que las autoridades involucradas en el trámite de la Consulta Ciudadana debieron haber solicitado la participación del Sistema de Transporte Colectivo Metro, y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, entre otras instancias a efecto de que la ciudadanía contara con todos los elementos e información, para tomar una decisión informada. En este sentido, dijo que responsabilizan a las autoridades jurisdiccionales y administrativas electorales involucradas de no aplicar el principio de máxima publicidad de la información y desestimar las diligencias para mejor proveer al no solicitar el expediente de las autoridades administrativas involucradas, ni tampoco solicitaron el expediente de amparo 1899/2015, tramitado ante el Juzgado Sexto en Materia administrativa, que le solicitamos al impugnar los acuerdos del IEDF, que dieron trámite a la consulta, lo que ha mantenido oculto extrañamente el proyecto ejecutivo de la obra. Al respecto, señaló que tanto las autoridades del STC, Metro como los vecinos solicitaron en su momento el proyecto ejecutivo, así como los estudios técnicos de tipo de suelo que sustentarán la viabilidad de la obra, sin embargo estos no se han dado a conocer. La preocupación es que con o sin consulta, e independientemente del resultado de la misma, el proyecto es una decisión tomada por la autoridad, y no le importará pasar por encima del derecho administrativo y de la voluntad de la propia ciudadanía. Para el abogado Ricardo Ariosto la autoridad electoral jurisdiccional ha incurrido en razonamientos incorrectos e irresponsables al resolver el expediente TEDF-JEL-482/2015 y acumulados que convalida vicios propios del trámite administrativo como la inexistencia de una autorización del STC, Metro, así como de las autoridades que integran el Comité del Patrimonio Inmobiliario, órgano colegiado de la administración, cuyo objeto es conocer, opinar, analizar, evaluar y dictaminar los actos jurídicos o administrativos que realiza toda autoridad sobre los inmuebles propiedad del Distrito Federal. No existe ninguna autorización del Metro y de ninguna otra autoridad responsable legalmente, por eso la preocupación de las organizaciones sociales y vecinales sobre los riesgos que una obra de tal magnitud genere a las instalaciones o infraestructura del STC en el tramo de la obra que se pretende realizar es fundada, finalizó el abogado.