MÉXICO, D.F. (apro).- El pasado 29 de diciembre, el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Salud (Sedesa), autorizó “por unanimidad” y adjudicación directa la contratación de la empresa Gas Express Nieto de México, S.A de C.V. para el suministro de gas LP a la red de hospitales de la Ciudad de México. El contrato comenzó a correr el 1 de enero de 2015 y acabaría el 31 de marzo siguiente. Sin embargo, ni un mes había pasado cuando sucedió la explosión en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, el 29 de enero. Hoy, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, informó que su administración cambiará de proveedor de combustible por uno “que cumpla con los protocolos de seguridad” para los hospitales. En entrevista luego de un acto oficial, dijo que se necesita “un suministro seguro, un suministro adecuado” y que las empresas que se contraten deberán tener los permisos vigentes. El anuncio lo dio a conocer un día después de que la Secretaría de Energía del gobierno federal anunció la revocación del permiso de distribución a Gas Express Nieto y una multa que podría alcanzar los 42 millones 60 mil pesos. Según el contrato abierto SSDF/DGA/010/2015-SP –cuya copia tiene Apro–, la gasera que el mismo GDF señala como responsable de la explosión que dejó cinco muertos y más de 70 heridos, al momento de la firma del contrato ofreció “las mejores condiciones técnicas, económicas y de presupuesto, que permite evitar costos adicionales a EL G.D.F.” De hecho, la adjudicación directa con el oficio número AD/DRM/SA/JUDCD/1014/2014 y firmada por el director de Recursos Materiales de la Sedesa, asegura que Gas Express Nieto representa “las mejores condiciones para este efecto (el suministro de gas LP) y cuenta con la capacidad de respuesta inmediata”. Más: “Lo anterior se da en atención a que el costo está sujeto a precio oficial y no genera gasto adicional para la Secretaría de Salud del Distrito Federal”. Válido del 1 de enero al 31 de marzo de este año, el contrato fue firmado por cinco millones de pesos para distribuir el combustible en los siguientes inmuebles: Hospitales generales de Balbuena, Gregorio Salas, Iztapalapa, Rubén Leñero, Xoco, Milpa Alta, Enrique Cabrera y La Villa. También a los de especialidades Belisario Domínguez, Ajusco Medio y Tláhuac La Turba; a los Pediátricos de Xochimilco, Azcapotzalco, Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa, Legaria, Moctezuma, Tacubaya, Peralvillo, San Juan de Aragón y La Villa; así como los materno-infantiles de Magdalena Contreras, Nicolás M. Cedillo, Cuajimalpa, Topilejo, Cuautepec, Inguarán y Tláhuac. Ese contrato es el más reciente que firmó el GDF con la gasera, aunque ésta surtía de combustible a la red sanitaria del DF desde 2007, según dijo el mismo Mancera un par de horas después de la explosión. Protocolos de seguridad Este martes, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, informó en entrevista que el cambio de distribuidora de gas LP en los hospitales públicos del DF se dará porque “es necesario contar con un nuevo servicio que cumpla con los protocolos de seguridad”. Se necesita, dijo, “un suministro seguro, un suministro adecuado” y que las empresas deben tener permisos vigentes. Agregó que instruyó a que en cada contratación que haga su administración se deberá garantizar el proveedor cumpla con los protocolos. El funcionario dijo que su gobierno está enfocado en el cuidado de las víctimas de la explosión del hospital de Cuajimalpa, así como en la reparación del daño por parte de la empresa a quien el martes pasado demandó por la vía civil. Luego, recordó que el hospital –cuya estructura se desplomó entre 70% y  80% por la explosión y quedó inservible– se reconstruirá en coordinación con el gobierno federal, con una inversión de alrededor de 400 millones de pesos. Lista negra de Profeco La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) difundió el nombre de las empresas distribuidoras de gas con mayores irregularidades y más multadas durante el 2014, entre ellas Gas Express Nieto. Después de la polémica gasera están Global Gas, Regio Gas, Sony Gas, Gas del Valle de Tollocan y Gasomatico, según la titular de la Profeco, Lorena Martínez. La funcionaria explicó que las empresas de gas han recurrido a una argucia legal que les permite evitar sanciones superiores a los tres millones de pesos. Las empresas, abundó, prefieren pagar una multa de 250 mil pesos por impedir las acciones de verificación de la Profeco, a ser sancionadas por detección de kilogramos incompletos, cuyas multas ascienden a casi tres millones de pesos. Este es un problema central para la Profeco, dijo Martínez al dar a conocer la nueva plataforma de Quién es Quién en los Precios.