MÉXICO, D.F. (apro).- El pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó la creación de la ley contra la desaparición forzada en la Ciudad de México que implica penas de entre 10 y 40 años de prisión y más de 100 mil salarios mínimos. Durante su periodo extraordinario de sesiones, los diputados avalaron por unanimidad la nueva Ley para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Desaparición Forzada y la Desaparición por Particulares en el Distrito Federal, iniciativa enviada por el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, en diciembre pasado. En un comunicado, la ALDF explicó que la nueva disposición define la desaparición forzada cuando servidores públicos o agentes del Estado realicen, ordenen, participen, consientan, inciten o coadyuven en la privación ilegal de la libertad de cualquier persona. A la desaparición por particulares la califica cuando el delito lo comete una persona sin cargo público. Para ambos casos la nueva ley impone sanciones físicas que van de los 10 a los 40 años de prisión y económicas de las 6 mil 729 a 100 mil 935 unidades de cuenta o salarios mínimos, según las modalidades y las agravantes del delito. La iniciativa aprobada deroga el artículo 168 del Código Penal local y, de acuerdo con Manuel Granados Covarrubias, presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, “coloca a la Ciudad de México a la vanguardia en materia de justicia y protección de los derechos humanos, en el país y a escala internacional”. Además, establece la obligación de crear el Sistema de Información de Víctimas de Desaparición confidencial, aunque los familiares de las víctimas podrán tener acceso. La nueva legislación establece “el derecho a conocer la verdad”, impone reglas para la administración de la información, da certeza jurídica a los familiares de la persona desaparecida y busca la protección de los datos y la integridad física de las personas. Durante los razonamientos del voto, diputados de todos los partidos políticos de la ALDF reconocieron que aunque en el DF la desaparición forzada “no es un delito recurrente”, las autoridades deben tener los instrumentos jurídicos para prevenir y proteger a sus habitantes. El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Antonio Padierna Luna, recordó que en el sexenio de Felipe Calderón se reconocieron más de 26 mil víctimas de desaparición forzada a nivel nacional. Agregó que en los primeros dos años de la administración de Enrique Peña Nieto se han contabilizado más de siete mil casos, aunque la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa levantó a la sociedad contra la inseguridad, la injusticia, la complicidad y la impunidad que impera en el país. La Ley para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Desaparición Forzada y la Desaparición por Particulares en el DF entrará en vigor a partir de su publicación en la Gaceta Oficial. Reformas exprés Los diputados locales aprovecharon el periodo extraordinario de sesiones para sacar los pendientes que dejaron a finales del año pasado. Entre ellos, aprobaron reformas y adiciones a los códigos Civil y de Procedimientos Civiles del DF para garantizar el respeto a las prerrogativas de los menores infractores cuando enfrenten un proceso ante el juez por la comisión de un delito. Las modificaciones permitirán tener una legislación “menos inquisitoria” con los menores de entre 6 y 12 años y garantizar en todo momento el respeto a sus derechos, así como la protección y asistencia social que requieran. También votaron a favor de reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y la Ley de Justicia Alternativa del mismo, con las que se crea el Consejo Consultivo para el Desarrollo de la Mediación y la figura del “mediador privado” que ayudará a buscar opciones en la solución de conflictos legales. Los legisladores dieron el sí a modificaciones y adiciones a las leyes de Adquisiciones, Obras Públicas y de Régimen Patrimonial y del Servicio Público del DF para promover la figura del “Proveedor Salarialmente Responsable”. Se trata de una iniciativa promovida por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera como parte de su propuesta nacional para la recuperación del salario mínimo y el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores. Y es que, según la iniciativa desde 1976 a 2014, el poder adquisitivo en los salarios mínimos se contrajo en 71% a nivel nacional y 77% en el DF. La población que vive del salario mínimo en esta entidad es de 374 mil, es decir, 9% del total de los trabajadores.