Advierte GDF embargos a empresas por daño al erario en construcción de Línea 12

martes, 24 de marzo de 2015
MÉXICO, D.F. (apro).- El gobierno de Miguel Ángel Mancera prevé embargar los bienes de las empresas responsables de las fallas de la Línea 12 del Metro, como una medida “novedosa” en caso de que no paguen las sanciones económicas derivadas de la tercera auditoría realizada por la Contraloría General capitalina. Eduardo Rovelo Pico, contralor general del gobierno capitalino, informó que de la auditoría 20G se desprendieron 16 observaciones que podrían resultar en daño al erario público. Agregó que éstas ya fueron notificadas al Proyecto Metro (PMDF), el cual tiene un plazo de 45 días para solventarlas antes de iniciar algún procedimiento administrativo disciplinario. Las observaciones se refieren a: verificación de compatibilidad rueda-riel, mantenimiento, mala ejecución de la obra, incumplimiento a la bitácora electrónica, falta de aplicación de sanciones por incumplimientos de contrato, duplicidad de trabajos, pagos en exceso, trabajos deficientes y de mala calidad, obra pagada no ejecutada, deficiente proyecto ejecutivo e incumplimiento de la calidad de materiales del sistema de vías. El pasado 12 de marzo, la llamada “Línea Dorada” cumplió un año de operar de manera parcial, pues 11 de sus 20 estaciones fueron cerradas debido al desgaste ondulatorio en las vías que, según las autoridades capitalinas, ponían en riesgo por descarrilamiento a más de 450 mil usuarios. Este martes, al término de su comparecencia ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Rovelo Pico explicó que según las facultades que le otorga el Código Fiscal local, la Contraloría puede recurrir a juicios resarcitorios y al embargo como “una estrategia jurídica novedosa” para obtener el pago por el daño al erario público cometido en la construcción y operación de mencionada Línea. Y aunque se negó a dar nombres de los funcionarios y empresas señaladas en la auditoría, explicó que en el caso de funcionarios públicos, las sanciones que aplique la Contraloría General serán por cantidades “cobrables y pagables”. El comentario fue en referencia a las que aplicó su antecesor –y hoy secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida– a 47 funcionarios y exfuncionarios por un monto total de 21 mil millones de pesos. “Para este caso concreto y como estamos considerando afectaciones a la hacienda pública por montos considerables, vamos a afectar en dos sentido. El primer sentido  por la omisión o por la acción en la que hay incurrido el servidor público, vamos a fincarle la reparación del daño en una sanción económica hasta por un tanto. La vez pasada se cobró hasta por dos tantos y fueron penas excesivas y criticadas”, explicó el funcionario en entrevista. Continuó: “La otra estrategia es la que estamos viendo a través del medio resarcitorio, que tiene dos vías. Una, cobrarle al servidor público; si no tiene para pagar, le tendremos que cobrar a la empresa a través del embargo de bienes suficientes que garanticen la afectación que le hicieron al erario público. Esto no se ha hecho, es nuevo y lo vamos a ejercer”. Eduardo Rovelo agregó que la Contraloría General tiene en proceso cuatro auditorías más, entre ellas la 21G, con el propósito de revisar las erogaciones derivadas del proyecto integral de la Línea 12, así como los contratos y convenios de obra, servicios, apoyo técnico y mantenimiento de vías de 2007 a 2014, hasta la entrega recepción, finiquito y certificaciones. Expedientes abiertos En el informe de labores que el exdirector del Registro Público de la Propiedad entregó a los diputados de la ALDF se asegura que la Contraloría General tiene abiertas nueve investigaciones contra funcionarios y exfuncionarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro por posibles irregularidades en el mantenimiento a equipos, instalaciones electrónicas, eléctricas, mecánicas, hidráulicas y a las vías. Además, existen 11 procedimientos administrativos abiertos contra funcionarios y exfuncionarios del organismo, dirigido actualmente por Joel Ortega, para determinar su posible responsabilidad en actos irregulares relacionados con la Línea. Incluso, hay una auditoría más abierta por el contrato que dio el STC a la empresa española CAF para la fabricación y el mantenimiento de los 30 trenes. En ésta misma se verifican los controles internos para la supervisión y el proceso de contracción y los pagos del Proyecto para Prestación de Servicio (PPS) de las unidades.

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