MÉXICO, D.F. (apro).- Venta de plazas, despidos injustificados, corrupción, acoso sexual y laboral, intimidación, violencia psicológica y física y falta de equipamiento seguro son algunos de los males que aquejan al Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal. Según denuncias de integrantes de este agrupamiento –algunos de ellos con más de 17 años de experiencia–, la situación en la que se encuentra la corporación comandada por Raúl Esquivel Carvajal y el líder sindical Ismael Figueroa, “representa un riesgo mayor para la ciudadanía” y afecta los derechos laborales y humanos de quienes portan el uniforme de la institución. Esta mañana en conferencia de prensa, Monserrat Sánchez, Miguel Ángel Sánchez, Rubén López, Juventino Yáñez y Eduardo Villar –integrantes de un grupo de unos 200 bomberos despedidos de manera injustificada, según su dicho– hicieron una solicitud pública al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para tener una audiencia con él y exponerle la problemática. Los manifestantes hablaron de 19 puntos que el mandatario capitalino “debe conocer, porque pensamos que su equipo de trabajo no lo tiene suficientemente informado”. Mencionaron que en la corporación “se venden las plazas al mejor postor, por lo que se ha perdido el perfil del bombero”. Otras, según su dicho, han sido asignadas a familiares y amigos del director de Bomberos, Raúl Esquivel y del secretario del sindicato, Ismael Figueroa. Comentaron que eran parte del Comité, pero “entró un comité espurio y empezó una cadena de despidos y la venta de plazas”. Dijeron que, según el grado, un lugar se vende entre 180 mil y 200 mil pesos. Acusaron también corrupción en el manejo del presupuesto de la corporación, falta de capacitación, equipamiento y recursos, despidos selectivos injustificados, represión, acoso laboral y reubicaciones “de castigo para inducir a renunciar y dejar lugares para las nuevas plazas ya vendidas”. En este último punto, un denunciante que dijo vivir en Ecatepec, Estado de México, comentó a Apro que él laboraba en la estación de la delegación Cuauhtémoc, pero que a raíz de las protestas fue cambiado a la de Iztapalapa, con lo que se duplicó el tiempo de traslado así como el gasto de transporte público. Una mujer dijo que ella era operativa en la estación de Tláhuac, pero que después de las manifestaciones la cambiaron a la central de Tacubaya y la confinaron al área de radio-operación “donde no me puedo mover ni para ir al baño”. A uno más lo “bajaron de bombero a cocinero”. Otra mujer dio su testimonio sobre el acoso sexual que sufrió por parte de sus superiores y el consecuente despido por negarse a tales pretensiones. Los conferencistas acusaron que las áreas de Recursos Humanos, Finanzas y Operación “han sido sometidas a la voluntad de Ismael Figueroa, secretario del sindicato. También existen “índices crecientes de alcoholismo, drogadicción, discriminación y machismo” en la corporación. Y, lo peor, se trabaja “en condiciones de extrema inseguridad” por las condiciones “deficientes, insuficientes y obsoletas” del equipamiento y la falta de capacitación del personal ante las emergencias. Incluso, acusaron que el deterioro en las condiciones de trabajo ha llegado al grado de aguantar “alimentos de mala calidad, falta de dietas planificadas, uniformes de baja calidad, herramientas deficientes y equipo obsoleto”. Los denunciantes ofrecieron como prueba videos y fotografías de las acusaciones. Bomberos “en resistencia” Los manifestantes acusaron que en agosto de 2012, en la plancha Zócalo se instalaron en huelga de hambre 10 “tragahumo” contra su despido arbitrario por denunciar “la corrupción prevaleciente” en la corporación a manos de Esquivel y Figueroa. Identificados como “Bomberos en resistencia”, agregaron que los más de 200 elementos despedidos interpusieron una demanda en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, así como en la Procuraduría General de Justicia del DF. Según su versión, después de movilizaciones en distintas instancias del gobierno capitalino, en octubre del año pasado 57 bomberos firmaron un acuerdo ante el director general de Administración y Desarrollo de Personal, Miguel Ángel Vásquez Reyes, en el que quedaron comisionados en la Central de Abasto (Ceda) a partir del 1 de noviembre de 2014. El acuerdo incluyó que a partir del 1 de enero del 2015 les regularizarían los salarios –ya que les quitaron entre 30% y 40%– y les regresarían las mismas prestaciones y cotizaciones para su jubilación. No obstante, aseguraron que hasta la fecha no se ha cumplido el acuerdo, pese a que desde su asignación en la Ceda se atendieron alrededor de dos mil 300 emergencias “con carencias de equipo personal, herramientas y seguro de vida”. Peor aún, durante ese lapso fueron blanco de agresiones verbales y físicas por parte de sus “compañeros” de las estaciones Iztapalapa I y II. Entre ellas, las de los pasados 4 y 18 de marzo, mismas que derivaron en denuncias ante el ministerio público con los números de averiguación previa FIZP/IZP/T3/00106/15-03 y FIZP/IZP-3/136/15-03, respectivamente. Una semana después, Vásquez Reyes giró el oficio DGADP/001058/2015, fechado el 26 de marzo de 2015, dirigido a Julio César Serna Chávez, administrador general del Fideicomiso de la Ceda –hermano de Luis, secretario particular del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera–, para informar que ese grupo de bomberos sería retirado de la central comercial. El 30 de marzo las autoridades les dieron el aviso a los afectados con el argumento de que el cambio era “por su seguridad”. Doce días después, el martes 7 de abril, se presentó un incendio que consumió cuatro naves de la zona de mercados y hortalizas y afectó 102 locales. Según los primeros peritajes, el fuego se originó por un cortocircuito. Sin embargo, de acuerdo con los bomberos manifestantes, las llamas pudieron haber sido confinadas y los daños hubieran sido menos. De hecho, los bomberos y los mismos comerciantes denunciaron que en las instalaciones de la Ceda existen tomas de agua, pero sin líquido, y que el suministro es por tandeo y en pipas. El miércoles 8, los bomberos aprovecharon la coyuntura del incendio –emergencia en la cual ya no participaron– para realizar una manifestación frente a las oficinas del jefe de Gobierno y pedir una audiencia. Como Apro lo consignó, una mujer identificada como Nayeli Burgos, del área de Concertación Política de la Secretaría de Gobierno del DF, les ofreció reunirse con el titular de la dependencia, Héctor Serrano. Sin embargo, las horas pasaron y fueron retirados por la fuerza policiaca. Por último, los bomberos adelantaron que el próximo miércoles 15 de abril a las 17 horas se presentarán de nuevo ante las oficinas de Mancera para reiterar su petición de audiencia.