MÉXICO, D.F. (apro).- Un nuevo escándalo estalló en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF): visitadores del organismo solicitaron la intervención urgente de su Consejo por violaciones a sus garantías laborales. Según una nota del diario La Jornada, los visitadores expusieron al principal cuerpo normativo de la CDHDF las continuas violaciones a sus derechos como trabajadores del organismo. Y pusieron como ejemplo la “última y más grave”: la “retención ilegal” de Carolina Hernández Luna, quien fue obligada a firmar su renuncia a la Quinta Visitaduría, dirigida por Claudia Patricia Juan Pineda. El pasado 26 de julio, ese mismo periódico publicó que el incidente fue por un desacuerdo en la negociación que hizo Juan Pineda de un expediente del cual ya no se haría recomendación, pese a la investigación por violaciones a derechos humanos. Entonces, Carolina Luna se inconformó y reclamó a su jefa quien, molesta la amenazó con levantar una denuncia en su contra. El viernes 24 de julio el área a cargo de Juan Pineda le exigió su renuncia, le abrió un expediente en la Contraloría de la CDHDF y la acusó de la sustracción de documentos. Con este caso como contexto, los visitadores solicitaron al Consejo la renuncia de Claudia Patricia Juan Pineda, “ante su falta de conocimiento en la defensa de los derechos humanos y las violaciones que ha cometido contra el personal” del área que dirige desde hace dos años, con la llegada de Perla Gómez Gallardo a la CDHDF. Según la nota de La Jornada, en el documento expusieron su “indignación, reprobación y preocupación”, pues, en su opinión, se violaron los derechos humanos de su compañera. Criticaron que paradójicamente este hecho se dio “al interior de la CDHF, un organismo de buena fe que investiga violaciones a derechos humanos y que con la reforma de 2011, creó un área específicamente dedicada a la defensa de los derechos humanos laborales”. Los denunciantes alegaron que el hecho sucedió “en una institución en donde se alardea de contar con un Servicio Profesional de Derechos Humanos que supuestamente aporta mayor estabilidad a los trabajadores y sucedió con una compañera que ya contaba con el documento que avalaba la titularidad de su cargo”. Incluso, advirtieron que el caso de Hernández Luna no es aislado pues en la Quinta Visitaduría, “compañeros y compañeras hemos sido víctimas de diversos abusos cometidos por Juan Pineda. Dirán ustedes, y por qué no han denunciado la situación; la respuesta es: temor”. La queja con el Consejo de la CDHDF alcanzó a la presidenta Perla Gómez, pues según los visitadores, pese a que dice tener las puertas abiertas “quienes han intentado acercarse a ella para ser escuchados y pedir su apoyo como titular de la institución, sólo reciben negativas y miren ahora, hasta intimidaciones para firmar renuncia”. Para prueba, dijeron que Carolina Hernández intentó hablar con Gómez Gallardo, pero no fue atendida. Entonces, urgieron al Consejo: “Ustedes, como órgano colegiado de la CDHDF, están facultados para intervenir y tomar cartas en el asunto y hacer cesar de manera definitiva estos actos de violencia institucional que están aconteciendo en tan noble organismo. Apelamos a su buen criterio y a que este problema pueda ser resuelto al interior, para evitar ya mayor desprestigio de nuestra Comisión”. La misiva termina con la petición de los visitadores para que el Consejo de la CDHDF intervenga “para garantizar nuestros derechos humanos laborales, tomando medidas de no repetición de tan reprobable acto… solicitamos ser escuchados y que se inicie una investigación imparcial sobre el asunto”. Otros escándalos En marzo de 2014, el portal de noticias Animal Político publicó que la nómina de la CDHDF “engrosó” con la llegada de Perla Gómez a la presidencia del organismo. Según la nota, cuando la ombudsperson tomó protesta en noviembre de 2013, fueron despedidos 30 funcionarios –asesores, visitadores y directores, entre otros– que integraban la administración de su antecesor Luis González Plasencia. Al mismo tiempo, se ordenó la contratación de cien nuevos servidores, incluidos tres choferes al servicio de la titular del organismo. La información aseguró que un registro de los cambios en la nómina de la Comisión, obtenido a través de la Ley de Transparencia del DF, mostró que por los despidos realizados se tuvieron que pagar 10.7 millones de pesos en liquidaciones. Sin embargo, ningún juicio laboral se inició por estos casos y todos se consideran cerrados. Meses después, en junio de ese mismo año, la CDHDF se vio envuelta en otra polémica. Según una nota de Apro, en el primer informe de actividades de Gómez Gallardo, el jefe de gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, fue increpado por un grupo de jóvenes, quienes lo acusaron de represor, de violar los derechos humanos y ordenar detenciones arbitrarias en distintas protestas. Versiones de la Secretaría de Gobierno, entonces a cargo de Héctor Serrano, acusaron a Gómez Gallardo de haber invitado a los manifestantes al evento y permitir que se pusiera en riesgo la seguridad del mandatario local, quien tuvo que salir escoltado del salón Digna Ochoa de la sede de la Comisión.