CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para resolver el problema de la contaminación atmosférica en el Valle de México se necesita un capital anual de más de 40 mil millones de pesos y adoptar una política pública que privilegie más al transporte público que al privado. Así lo señaló ante legisladores el coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), Martín Gutiérrez Lacayo, y precisó que esos recursos se destinarían a crear 12 nuevas líneas del Metro y más de mil kilómetros de transporte tipo Metrobús. Destacó que la CAMe cuenta con un fideicomiso de apenas 98 millones de pesos, de los cuales se ejercerán 78 millones este año, por lo que “va a quedar con pocos recursos”. De acuerdo con información dada a conocer por NOTILEGIS, Gutiérrez Lacayo subrayó que en la temporada 2016 se prevén exposiciones muy altas de radiación, y si no se toman medidas emergentes podrían presentarse entre 14 y 20 episodios por arriba de 150 puntos Imeca. Y mencionó que según datos del Instituto Nacional de Salud Pública, los índices de muertes asociadas con mala calidad de aire suman 22 mil al año. No obstante, sostuvo que las medidas emergentes del “Hoy No Circula” son temporales e inclusive se podrían levantarse antes del 30 de junio si existen condiciones climáticas que anticipen lluvias y dispersen contaminantes. Explicó que entre febrero y junio, 88% de las emisiones de óxidos de nitrógenos provienen del parque vehicular, por ello, si se deseaba reducir los picos de contaminantes, teníamos que limitar la circulación del parque vehicular, apuntó. El coordinador de la CAMe explicó que el año pasado existían 2 millones 89 mil hologramas uno; sin embargo, después se tuvo un brinco de 1.8 millones de unidades al engomado cero, es decir, cuatro millones de vehículos circulaban todos los días. Expresó que la comisión a su cargo ha definido tres ejes estratégicos para dar certeza sobre los contaminantes y el estado de calidad de aire: proteger a la salud, reduciendo las emisiones de las fuentes que están ocasionando la exposición de contaminantes; disminuir el riesgo sanitario, e informar en tiempo y forma a través de campañas de sensibilización. Además, agregó, se tienen delineadas estrategias primarias, como fortalecer el sistema de monitoreo de la calidad del aire y crear una plataforma de información para que la ciudadanía sepa la condición sobre los índices de ozono. El funcionario solicitó a los integrantes de la Comisión de Cambio Climático establecer nuevos límites de verificación y dar atribuciones a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que no sólo sancione a los verificentros, sino que garantice mejores combustibles, es decir, que estos se repartan con 15 partes por millón de azufre y no como los actuales, de 500 partes por millón. De igual manera, pidió el apoyo de los legisladores para actualizar cerca de 20 normas, a fin de generar instrumentos que permitan mejorar calidad de aire. También, realizar un programa de transporte megapolitano que tenga como objetivo sustituir el parque vehicular del servicio público, ya que se estima que microbuses, combis y camiones tienen 24 años de operación, mientras que los taxis tienen un uso de 14 años, aunque para este último sector se tiene previsto la reconversión de alrededor de 10 mil unidades a gas natural como combustible. Es necesaria una estrategia nacional que obligue, por un tema de salud y prioridad nacional, a invertir recursos estatales y federal, además de la participación coordinada con otras ciudades y dependencias para elaborar una base de datos del parque vehicular, y actualizar fuentes como tintorerías, negocios con leña, como los puestos de pollos al carbón que emiten grandes contribuciones de compuestos orgánicos volátiles, apuntó. Para el inventario de emisiones falta una plataforma metodológica unificada y de presentación, en lo que se invertirán 6.5 millones de pesos este año, y se hará un estudio de movilidad urbana, que requiere una inversión de 17 millones de pesos. Por último, el funcionario se pronunció a favor de implementar la verificación vehicular en todas las entidades de la República, además de medidas que desincentiven el uso del automóvil.