Nuevo sistema de justicia penal no eliminará la corrupción, ayudará a combatirla: Mancera

jueves, 16 de junio de 2016
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera reconoció que con la implementación del Sistema de Justicia Penal en la Ciudad de México no se eliminará la corrupción, pero será un instrumento para combatirla. Dos días antes de que se cumpla el plazo constitucional para la implementación de este nuevo sistema en todo el país, el mandatario local declaró su puesta en marcha en la capital “en tiempo y forma”, aunque dijo que eso le costó a la ciudadanía “más de tres mil millones de pesos”. En el salón Oval del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, explicó: “Lo que México puede ganar con esto es combatir la corrupción —yo no diría eliminar, porque aunque eso es lo que todos deseamos, no podemos “echar las campanas al viento”—, pero es un instrumento que va a permitir el combate a la corrupción. Es un instrumento que debe dar transparencia en la aplicación de la norma y, por supuesto, que debe fortalecer, al menos así se aspira, la procuración e impartición de justicia en todo el país”. El funcionario estuvo acompañado de integrantes del gabinete de Gobierno y Seguridad, además del presidente del Tribunal Superior de Justicia local (TSJ) Egdar Elías Azar y la secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal María de los Ángeles Fromow. Ante ellos, calificó la implementación de este sistema en la capital como “un hecho histórico, es uno de los retos más grandes que ha enfrentado el gobierno que me toca encabezar”. Y lo dimensionó: equivale a la implementación en 13 entidades de la República Mexicana, en países como Chile o Argentina o varios países de Centroamérica. Para lograrlo, explicó, la Asamblea Legislativa debió armonizar más de 46 ordenamientos jurídicos, mientras que el TSJ tuvo que capacitar, dotar de infraestructura, modernizar y preparar a su personal para la implementación. Sin embargo, reconoció: “No podemos darnos ya por cumplidos en el mandato final, que es alcanzar una mejor impartición y procuración de justicia para la ciudad y, obviamente, contribuir para el país”. Hay que pasar a la etapa de seguimiento y evaluación, aclaró. Quieren evitar traslado de reos   El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera agregó que en acuerdo con el presidente del TSJ Edgar Elías Azar se evitará “a toda costa” que se realicen traslados en los diferentes lugares de reclusión para realizar diligencias en diferentes penales a solicitud de los jueces. Según su explicación, la medida tiene dos propósitos: “primero por la seguridad de la propia Ciudad y segundo, por la seguridad del sistema mismo de enjuiciamiento penal en la Ciudad de México”. Así lo dijo, sin mencionar el riesgo de fuga de los reos, como la ocurrida el pasado 30 de mayo del reclusorio Oriente, cuando dos hombres sentenciados por secuestro aprovecharon el llamado que tuvieron en el mismo juzgado para realizar una diligencia y escaparon. En su discurso, Elías Azar adelantó que en la implementación del nuevo sistema de justicia penal aparecerán problemas, pero dijo que “las instituciones de la Ciudad de México son lo suficientemente fuertes para superarlos”. Luego, llamó a la Procuraduría General Justicia, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y la Secretaría de Seguridad Pública a “jalar parejo” en la implementación pues “si una pieza falla todo se derrumbará”. Patricia Mercado, secretaria de Gobierno, comentó que la intención del nuevo sistema es “tener menos personas recluidas, mejores condiciones de internamiento y garantizar el derecho al porvenir de las personas reclusas”. Hiram Almeida, titular de Seguridad Pública, informó que se capacitaron 82 mil 297 elementos preventivos, auxiliares y bancarios, es decir, todo el personal operativo de la policía. Rodolfo Ríos, procurador general de Justicia, destacó que en la dependencia “se ha puesto en operación 11 unidades de mediación, 37 módulos de atención oportuna y 15 bodegas de evidencia, además de 18 unidades de control de detenidos, entre otras acciones”. Manuel Granados Covarrubias, consejero jurídico, agregó que se capacitó a 350 defensores públicos. Abren Carpeta de Investigación Horas más tarde, la PGJ difundió un comunicado para anunciar la apertura de la primera Carpeta de Investigación (CI) en la etapa final de la implementación total del nuevo sistema por el caso de un robo con violencia cometido en el paradero de la terminal Martín Carrera, del Metro. La dependencia explicó que el Ministerio Público abrió la CI en la Coordinación Territorial GAM-4, por el asalto que un hombre de 39 años cometió contra los ocupantes de un auto particular, a quienes amenazó con un arma de fuego mientras estaba el semáforo en alto y les robó un teléfono celular. El delito ocurrió en la esquina de las avenidas General Mariano Arista y J. Bautista Sepúlveda, colonia 15 de Agosto, delegación Gustavo A. Madero. La Procuraduría explicó que según el nuevo sistema “inmediatamente” después de la puesta a disposición en la agencia, el Ministerio Público, dentro de las 48 horas, resolverá su situación. En caso de ejercitar acción penal, se solicitará al juez de control una audiencia inicial, donde se califique la legalidad de la detención. Luego, detalló la dependencia, se formulará imputación y se solicitará la vinculación a proceso, con la petición de que se continúe con la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa. Posteriormente, se señalará la fecha para el cierre de investigación complementaria, para continuar con la etapa intermedia y de juicio oral. No obstante, ese no será el primer juicio oral aplicado en la Ciudad de México. El martes 27 de enero de 2015, Francisco Javier Gutiérrez Aguilar, un conductor de 31 años de edad, fue presentado en la sala magna de juicios orales para delitos no graves del TSJ, justo en su inauguración con la primer Audiencia de Control de Detención. El hombre fue acusado de atropellar y matar al ciclista Rafael Augusto Guerrero Duro en un accidente en la delegación Xochimilco. Presuntamente conducía en estado de ebriedad. La juez 35 de Delitos no Graves Nelly Ivonne Cortés Silva ordenó su libertad bajo fianza.

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