CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las nuevas medidas en material ambiental que adoptó el gobierno de Enrique Peña Nieto a través de la Norma Oficial Mexicana Emergente (NOME), dejarán intacta la corrupción dentro de los verificentros, aseguraron empresarios. De acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la verificación de emisiones a través del “Sistema de Diagnóstico a Bordo” (On-board Diagnostics System) “sería una limitante muy importante contra la corrupción por parte de los verificentros”. Por su parte, la Cámara Nacional de Comercios en Pequeño (Canacope-Servytur) precisó que las nuevas disposiciones se basan en parámetros electrónicos y no en mediciones puntuales de emisiones, lo que causa incertidumbre sobre su veracidad, además de que el gobierno federal no mencionó cuáles serán las medidas de control que se aplicarán para el personal de los verificentros para que no incurran en actos de corrupción. “Por desgracia la creatividad –la mala creatividad– ha tenido un gran impulso alrededor del proceso de verificación, generando artilugios como el ‘brinco’, entre otros trucos, para evadir cumplir con las normas y conseguir una calcomanía mediante un pago”, destacó. Y advirtió que para el sector comercial y de servicios de la capital mexicana, la NOME implicará una inversión y gasto adicional no programado, lo que sin duda tendrá un efecto económico negativo para la economía interna. Señaló que los diferentes criterios para obtener una u otra calcomanía afectarán a miles de empresarios, comerciantes y prestadores de servicios, principalmente de la micro, pequeña y mediana empresa cuyos vehículos se encuentran en el rango de modelos 2006 y anteriores. Es decir, este tipo de vehículos difícilmente alcanzarán los criterios para acceder a una calcomanía cero o doble cero, por lo que una gran cantidad de ellos tendrán que parar un día a la semana, además de un sábado al mes (Holograma 1) o un día a la semana y todos los sábados (Holograma 2). “Representa una desventaja competitiva, planteándoles la alternativa de suplir mediante alquiler o con la compra de un vehículo para brindar el servicio”, denunció el organismo. En el mejor de los casos, precisó, se impulsará la sustitución del vehículo, sin embargo, al no existir una política pública de “chatarrización” de autos que ya no cumplan la norma, se afectará al medio ambiente por un incremento en el parque vehicular, como ya sucedió en momentos anteriores. Y aplaudió que todos los vehículos, entre ellos los de servicio público y federal, sean integrados en la verificación.