CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la delegación Cuauhtémoc, que alberga las sedes del Poder Ejecutivo, el Senado y la jefatura de gobierno de la capital del país, existen más de 700 predios invadidos por grupos delincuenciales que los usan para cometer robo, extorsión, narcomenudeo y trata de personas, entre otros crímenes. La situación se agrava porque esas agrupaciones operan “bajo el amparo de autoridades y líderes políticos” que les filtran información del Registro Público de la Propiedad y de Comercio –dependiente de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales– sobre predios e inmuebles deshabitados, en litigio o irregulares. Así, los delincuentes “forman grupos de choque y con uso de violencia se apropian del lugar”. Peor aún, como “contraprestación” por esa información, “en tiempos electorales, los líderes, partidos políticos y otras autoridades piden su ‘cuota’ a estas organizaciones, lo que se traduce en la obtención de votos y grupos de choque a su servicio, que operan en total ilegalidad”. Esta información es parte del reporte que el jefe delegacional Ricardo Monreal entregó al titular de la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ), Rodolfo Ríos Garza, con la intención de que ponga fin a lo que llamó una “industria ilícita, solapada y encubierta por líderes, partidos políticos y autoridades”. Realizado por la administración que dirige el militante del partido Morena, el “censo” es producto de “labores de inteligencia y de protección civil” de personal delegacional ante las numerosas denuncias recibidas al respecto. Entre los resultados, destaca que las colonias con mayor número de predios invadidos se encuentran Centro, Roma, Condesa, Santa María la Ribera, Tabacalera, Buenavista y Atlampa, principalmente. Incluso, un alto porcentaje de éstos están bajo la “protección” del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) o bien, tienen algún valor artístico o histórico. “La cifra de bienes invadidos es, sin duda, alarmante y demuestra un alto grado de descomposición social, por lo que es apremiante intervenir y evitar que ésta se profundice, para que podamos retornar al Estado de Derecho al que todos debemos someternos”, aseguró Monreal Ávila. Pide intervención “expedita” De acuerdo con el informe, del total de predios invadidos, en la mayoría se han presentado denuncias por el delito sobre bien inmueble, cometido por diversos grupos con distintas denominaciones. Con este panorama, Ricardo Monreal demandó a la PGJ que agilizar y perfeccionar las averiguaciones previas integradas por estos motivos. Además, le solicitó actuar “de manera expedita en la liberación de los bienes ocupados ilegalmente y se frene esta industria ilícita, lamentablemente en auge”. El funcionario recordó la invasión de inmuebles “fue una práctica tolerada durante años por las autoridades”, pero dijo que su administración no lo permitirá más y reiteró su llamado a formar “un frente común” con autoridades locales y federales. Incluso, aseguró que sin importar las amenazas que ha recibido por denunciar este tipo de ilícitos, “no desistirá en su exigencia de que se cumpla la ley y que cesen estos actos ilegales en la delegación Cuauhtémoc”. La presentación del informe de Monreal al procurador Ríos Garza se dio dos semanas después de que elementos de la PGJ capitalina realizaron un cateo en el inmueble ubicado en la esquina  de Benjamín Hill y Altata, en la colonia Hipódromo Condesa, que desde hacía años estaba ocupado por integrantes de la Asamblea de Barrios. El operativo se realizó el 22 de junio, luego de las varias denuncias de vecinos y medios de comunicación de que en ese predio había venta de droga y constantemente se observaba a personas armadas. Sin embargo, en la acción policiaca no hubo detenidos ni material alguno decomisado. A principios de ese mes, el experredista propuso en la Asamblea Legislativa la creación de un frente común contra la delincuencia en el que participen los tres niveles de gobierno: delegacional, capitalino y federal.