CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de más de diez años de litigio y varias denuncias penales y públicas, vecinos del predio conocido como “Alfajayucan 208”, en la colonia San Andrés Tetepilco, en la delegación Iztapalapa, fueron desalojados la tarde del jueves 8 por granaderos y elementos del Grupo Especial de Reacción Inmediata de la Procuraduría local. En un principio un par de funcionarios que aseguraron pertenecían a la Secretaría de Medio Ambiente capitalina harían una observación ocular al taller que pertenece a Carlos Camargo Villalobos, quien además es dueño por herencia del predio. Sin embargo, la visita “ocular” se transformó en un desalojo cuando aparecieron Francisco Montes y Margarito López Aguirre, quienes trabajan para la diputada local perredista Rebeca Peralta, legisladora que desde hace años ha sido denunciada por hacer fraude con promesas de vivienda a vecinos de Iztapalapa. “El día de ayer fuimos desalojados del predio, ubicado en Alfajayucan 208, más de veinte familias, entre ellas la mía; también fuimos agredidos. Llegaron sin orden de desalojo, sin un actuario, sin notificación previa. Únicamente se limitaron a decir que llegaron a mi taller unos policías encapuchados, armados, con gases lacrimógenos, amagaron a mi papá, a un cliente, a mí, a mi prima, nos tuvieron incomunicadas entre 30 y 45 minutos y no nos dejaron salir. Dijeron que no nos iban a dejar salir”, indica Guadalupe Camargo, en entrevista con Apro. “Llegaron personas de traje, quienes dijeron ser del gobierno central y que solamente iban como observadores públicos. Nunca quisieron dar sus nombres, nadie nos acreditó sus acciones con un documento el motivo del desalojo o una orden de cateo”, abunda la mujer. “Después llegaron los granaderos. Todo el terreno de mi papá estaba invadido de granaderos, de encapuchados. Cuando yo salí le pidieron a mi papá los papeles del taller porque decían que estaba causando un daño ambiental. Se les mostraron los documentos legales. No los quisieron porque debíamos acreditar que no estábamos causando un daño ambiental porque había una denuncia anónima”, asegura. Guadalupe Camargo acusa a la diputada Peralta de pretender quedarse con el predio que les heredó su abuelo. Peor aún, la legisladora perredista cuenta con el apoyo del primo de Carlos Camargo, el señor Francisco Camargo Albur, quien se asume como albacea del terreno. Peralta está pendiente del predio desde 2007 a la fecha, cuando los colonos la buscaron para pedirle ayuda para regularizar su propiedad. “Ante el Invi (Instituto de la Vivienda) ella es la gestora del predio, pero como ella tiene un fuero y no puede verse involucrada en esta situación, utiliza a Margarito Reyes Aguirre y a Francisco Montes Gaspar como los líderes del proyecto, la asociación se llama Torres Quintero AC, y está registrada en el Invi. Ellos han recibido dinero de mucha gente cuando ella les ha ofrecido departamentos en el predio, los ha vendido más de diez veces, tiene muchas denuncias en Iztapalapa porque les robó su dinero”, detalla Camargo. El año pasado puso una denuncia contra Peralta porque en octubre de 2014 llegó con maquinaria para realizar obras en el predio diciendo que era la dueña y mostró un papel de Seduvi, donde presuntamente se dice que puede realizar las obras. Incluso, acota, la legisladora solicitó uso del suelo pero a la fecha le ha sido negado porque no cumple con las normas para edificar 500 viviendas como pretende, cuando sólo se permiten edificaciones de tres pisos. Peralta también “les prometió departamentos de 55 metros cuadrados por 552 mil pesos más 33 mil pesos del costo del cajón, adicional, y obviamente ella decía que no iba a ver desdobles. A todos los vecinos del predio les prometió que si se integraban a su proyecto, les iba a dar prioridad. Teníamos que aportar 28 mil pesos”, indica. También destaca que un presunto funcionario del Invi, identificado como Edgar Fernández, exhibió un contrato de enajenación donde supuestamente cede los derechos del predio a Peralta por 8 millones de pesos, de los que da un anticipo que desconocen, pero el resto aseguró que lo entregará dentro de cinco años. Historial de transas En agosto de 2014, el grupo de colonos acusó a la entonces diputada suplente del PRD, Rebeca Peralta, de defraudarlos con el Proyecto de Vivienda Alfajayucan 228, por lo que exigieron la devolución de sus aportaciones. En entrevista con Apro, Jesús Cruz Monreal, uno de los afectados, señaló entonces que después de ganarle un juicio ordinario civil a la legisladora perredista, ésta se ha negado a regresarle los 70 mil pesos depositados en la cuenta 0189584528 de Bancomer, a nombre de Unidad Torres Quintero AC. Cruz Monreal señaló que, como él, cientos de personas fueron defraudadas por la suplente de la actual diputada local Aleida Alavez Ruiz, de Morena, cuando fungió como coordinadora del Comité Vecinal en la colonia El Retoño, en Iztapalapa. Detalló que de acuerdo con un edicto publicado el 8 de mayo de 2013 en el Boletín Judicial, el juez quincuagésimo sexto civil en esta capital dictó una sentencia definitiva el 13 de marzo de ese mismo año para exigir el cumplimiento de un convenio firmado el 12 de marzo de 2009, donde Peralta se comprometió a pagar a Cruz Monreal 78 mil pesos en cinco días. A la fecha no ha cumplido. También refirió que en mayo de 2005 un grupo de inquilinos que habita el predio Alfajayucan 228, manzana 11, lote 35, le solicitó asesoría y apoyo social para no ser desalojados del predio. Ese terreno, agregó, había sido expropiado en 1997 por el entonces Departamento del Distrito Federal. El 12 de marzo de 2007, otro grupo de colonos envió un escrito al entonces jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, para que resolviera su caso, debido a que tenían conocimiento de que dicho predio sigue siendo propiedad del gobierno local. Sin embargo, luego de que el propietario original, Lucio Camargo, falleció en 1993 sin realizar testamento, sus herederos, tras controversias entre ellos, alargaron el nombramiento de su albacea. “Y a la fecha Agustín Germán Camargo Echegaray, a través de sus representantes legales, ha iniciado una serie de hostigamientos verbales y legales logrando desalojar a varias familias que ahí habitamos”, sostuvo hace dos años Cruz Monreal.