CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Asamblea Constituyente determinó que el gobierno capitalino tenga un “padrón único” para todos los programas sociales –tanto centrales como de las alcaldías– y prohibió que autoridades, partidos políticos y organizaciones sociales usen éstos y las políticas públicas con fines lucrativos o partidistas. Incluso, estableció que habrá sanciones para quien incumpla la medida y acordó que los programas sociales sean auditables y se manejen con transparencia y rendición de cuentas. Así quedó asentado en la aprobación del artículo 22 de la Constitución de la Ciudad de México, en materia Bienestar Social y Economía Distributiva, en el apartado de Política Social, votado durante la sesión de este lunes, de acuerdo con un comunicado del órgano legislativo. En cuanto al Ingreso Básico Universal puesto a discusión, en la Mesa de Consulta, los coordinadores de los grupos parlamentarios acordaron que una comisión redactora elaborara un texto para el inciso g del apartado A. Y es que, en dicha mesa inicialmente se acordó que el ingreso básico no fuera “universal”, es decir, que la aportación económica que haga el gobierno de la ciudad no sea para todos los capitalinos, sino para grupos de atención prioritaria, como las personas en pobreza extrema; entre otros acuerdos. También se acordó redactar un artículo transitorio para establecer la progresividad con la que deberá avanzar la aplicación del ingreso básico. No obstante, al término de la sesión no hubo coincidencia sobre de la redacción final, por lo que quedó pendiente. En materia económica, la Asamblea Constituyente no aprobó la creación de una banca de desarrollo, como estaba planteada en la propuesta original. En cambio, votó a favor de que la ciudad tenga instituciones e instrumentos financieros para el desarrollo económico y social. Además, según lo votado, el gobierno capitalino y sus alcaldías promoverán y fomentarán la economía social y la distribución de alimentos básicos a través de los sistemas de abasto tradicionales como mercados públicos, tianguis, concentraciones y pequeños comercios. En cuanto al apartado de política económica, los constituyentes aprobaron que el objetivo de ésta es aumentar los niveles de bienestar de la población, promover la inversión y la generación de empleos, con respeto a los derechos y promoviendo la expansión de las libertades económicas. Los ejecutores trabajarán bajo la rectoría gubernamental en coordinación con los agentes económicos, en el marco del régimen democrático y con participación ciudadana. Entre los instrumentos que se deberán utilizar para desarrollar la política social, según los asambleístas, estarán: política de protección salarial y trabajo decente, hacienda pública equitativa y redistributiva, cajas de ahorro y préstamo para la economía social y cooperativa y la constitución de fondos para proyectos destinados al equilibrio territorial. Una medida específica aprobada es la creación de un “instituto de emprendimiento”, como órgano con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión que establecerá las políticas de fomento, creación, capacitación, promoción al financiamiento e impulso a los proyectos productivos y de iniciativa empresarial. Además, en la sesión se aprobó la creación del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México como un órgano de diálogo público social y concertación pública. Su carácter será consultivo y propositivo y colaborará con el gobierno local y las alcaldías en la promoción del desarrollo social incluyente, el cumplimiento de los derechos, el fomento del crecimiento económico sustentable en la viabilidad y equilibrio fiscales de la Ciudad y el empleo, y la justa distribución del ingreso.  Hasta ahora, los constituyentes han discutido y aprobado menos de 30 artículos de los 71 que conforman la propuesta que presentó el grupo redactor como iniciativa del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Según lo aprobado en la Reforma Política del Distrito Federal, la Asamblea Constituyente deberá terminar la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México a más tardar el próximo 31 de enero, con miras a su promulgación el próximo 5 de febrero, aunque ya se escuchan voces que hablan de la necesidad de alargar el plazo.