CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La primer sentencia condenatoria dictada ayer por la jueza 25 de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia capitalino, Hermelinda Silva Meléndez, contra uno de los tres imputados por el multihomicidio de la colonia Narvarte “no garantiza el derecho a la verdad ni a la reparación del daño de las familias de las víctimas”. Así lo aseguraron los abogados de los familiares de Rubén Espinosa, Nadia Vera, Yesenia Quiroz y Mile Virginia Martín, quienes adelantaron que apelarán la sentencia con el propósito de que la autoridad garantice estos derechos, tanto de las familias afectadas como de la sociedad mexicana. En un comunicado conjunto, aclararon que pese a esta sentencia, la investigación del caso sigue abierta pues las autoridades intentan localizar a por lo menos tres personas más que pudieran estar relacionadas con el crimen cometido el viernes 31 de julio de 2015. Ayer por la noche, la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ) informó en un comunicado, que la jueza 25 de lo Penal dictó una sentencia de 315 años de prisión y una multa de poco más de 57 mil pesos contra el expolicía capitalino José Abraham Torres Tranquilino por los delitos de feminicidio agravado, homicidio agravado y robo agravado y en pandilla. No obstante, este viernes los abogados coadyuvantes de la investigación --la organización Artículo 19, el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social y la Clínica de Interés Público contra la Trata de Personas del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)--, informaron que en la sentencia, la jueza Silva Meléndez negó el derecho a la reparación de las víctimas “porque no tiene elementos para cuantificar el daño moral y los perjuicios” ocasionados. Criticaron que “nuevamente” las familias y sus abogados se enteraron mediante los medios de comunicación de la primer sentencia dictada sobre el caso, “ya que las autoridades ministeriales y judiciales no informaron debidamente a las víctimas, a pesar de que se ha acudido periódicamente al juzgado y se ha dado seguimiento permanente al caso”. Incluso, dijeron que ayer estuvieron en el juzgado, donde les dijeron que la sentencia sería dictada hasta la próxima semana. Y es que, desde que ocurrieron los hechos, en diversas reuniones que los abogados y familiares de las víctimas tuvieron con autoridades de la PGJ, incluido el titular Rodolfo Ríos, éstas se comprometieron a avisar las novedades del caso antes que difundirlo a la prensa, aunque no ha ocurrido así. Ante ello, los abogados aseguraron que “este tipo de actuaciones ponen en entredicho la actuación de los órganos que imparten justicia en lo relativo a garantizar el debido proceso para las víctimas, la imparcialidad e independencia judiciales”. Cinco observaciones Además, destacaron cinco puntos de la sentencia que demuestran la calidad de la investigación de la PGJ y la cuestionada decisión de la jueza 25. El primero recordó que la resolución proviene de un juicio por ellos mismos cuestionado, debido a que no se han agotado los peritajes fundamentales para esclarecer el contexto de violencia de género en el caso de los feminicidios, lo relacionado al activismo de Nadia Vera y al trabajo periodístico de Rubén Espinosa, ni al posible vínculo del crimen con las amenazas que éstos en Veracruz. Como segundo punto señalaron que al no profundizar en los elementos antes señalados y haberse limitado a la “verdad construida” por la PGJ, la jueza 25 violentó el derecho a la verdad de las víctimas, pues su resolución no responde a las dos principales preguntas de las familias y de la sociedad en general: “¿por qué fueron asesinadas con extrema crueldad éstas cinco personas?, ¿hubo más implicados en los hechos?”. Los abogados aseguraron que “la jueza parece reproducir la versión sesgada de la Procuraduría, que pretende reducir este atroz crimen a una serie de eventos mecánicos: tres sujetos estuvieron en el departamento ubicado en la avenida Luz Saviñón, entre las 14:00 y 15:00 horas del 31 de julio de 2015, y sin ninguna motivación o causa aparente decidieron asesinar a las cinco personas, huyendo en un automóvil en mal estado y que fue abandonado ese día al sur de la ciudad, presuntamente llevándose la cantidad de seis mil pesos”. En el tercer punto, destacaron que la investigación del caso continúa, pese a la sentencia y las otras que se pudieran dictar contra los otros dos coacusados, Daniel Pacheco y Omar Martínez. Y es que, revelaron que en la investigación que aún integra la PGJ, en el desglose de la averiguación previa, “hay por lo menos otros tres sujetos que las autoridades están intentando localizar y que pudieran estar relacionados con los hechos”. Para las familias de las víctimas y las organizaciones que las acompañan, --agregaron en el cuarto punto-- el caso continúa abierto y, más importante aún, las autoridades están obligadas a continuar con las indagatorias hasta no asegurar a las víctimas el derecho a la verdad, mediante el esclarecimiento de los verdaderos motivos y causas del crimen. La autoridad, advirtieron, debe “garantizar una reparación integral a las víctimas, conforme a los más altos estándares de derechos humanos. En este caso la jueza penal negó el derecho a la reparación de las víctimas porque no tiene elementos para cuantificar el daño moral y los perjuicios ocasionados”. Entonces, adelantaron que en los próximos días apelarán dicha resolución, con la demanda de que garantice el derecho a la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas y de la sociedad mexicana. En el quinto punto, agregaron que en los próximos días la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitirá su Recomendación sobre el caso y confiaron en que ésta resuma “puntualmente de las acciones pendientes por realizar en el caso, así como las violaciones que la autoridad ministerial cometió en la investigación desde los primeros momentos en agravio de las víctimas”. De acuerdo con los abogados, esa recomendación contribuirá “a que la PGJ evite cualquier intención de cerrar la investigación, pues las violaciones cometidas en la indagatoria tendrán que ser corregidas y subsanadas, independientemente de la posible responsabilidad penal de las personas detenidas”. Por último, los abogados defensores alertaron que “más que compartir el tono celebratorio de la PGJ respecto a esta resolución, mantenemos preocupación por la falta de exhaustividad en una investigación que mantiene muchas preguntas sin responder”.