CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Miembros de la Sección XVIII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud han emprendido una campaña de intimidación y desprestigio contra organizaciones de la sociedad civil que acompañaron la denuncia por abuso sexual de un médico dermatólogo a tres pacientes de la Clínica Especializada Condesa (CEC). Así lo reveló esta mañana Alejandro Brito, director general de la asociación civil Letra S, organización que coordina los trabajos del Módulo de Atención en Derechos Humanos en la CEC y que ha sufrido las amenazas. En conferencia de prensa, explicó que desde el pasado viernes una parte de la sección sindical emprendió una campaña para exigir que la organización salga de la CEC, impidiendo el acceso de los activistas al Centro, incluso pegando mantas y carteles al interior del centro de atención integral del VIH. Con mensajes como “No a los espacios físicos dentro de la Unidad Médica para las ONG´s”,” Los derechos laborales de los trabajadores no deben ser negociados”, “Reinstalación inmediata al médico afectado” -que se pegaron en los pasillos del CEC y fuera del módulo-, los sindicalizados también pidieron la renuncia de la directora ejecutiva del Centro, Andrea González Rodríguez. Lo anterior –según argumentó Alejandro Brito– porque Letra S, una organización defensora de los derechos de personas con VIH, ayudó en la presentación de una denuncia por acoso sexual que sufrieron tres pacientes durante las auscultaciones practicadas en consulta por un médico dermatólogo en marzo, abril y mayo de este año. La denuncia fue presentada al director del Programa de VIH/SIDA de la Ciudad de México, Ubaldo Ramos Alamillo, quien a su vez turnó el caso a la Dirección Jurídica de la Secretaría de Salud de la Ciudad (Sedesa), Julio César Hernández Sánchez. De acuerdo con Alejandro Brito, durante la audiencia a la que citó el director jurídico a los implicados en el caso, también se presentaron irregularidades, pues no se permitió a los tres pacientes víctimas de abuso el apoyo de la ONG, mientras que sí se autorizó para que miembros del sindicato testificaran a favor del médico acusado. Refirió que no se han dado a conocer los resultados del encuentro, pero que asumen que se determinó la destitución del médico, pues así lo señalan las pancartas y la reacción del sindicato. Acompañado de Rodrigo Moreno Mendoza, abogado de la Fundación México Vivo; Jessica Anahí y Juan Garduño Bautistas, asesores del módulo de atención dentro de la clínica, subrayó que como organización no obedecen a otros objetivos -como señalan los sindicalizados- más que justicia y reparación del daño de las víctimas. “No es un conflicto en contra de los derechos laborales, incluso nosotros los hemos defendido”, dijo. Brito añadió que la organización es una de las asociaciones que ayudaron a la constitución del centro que atiende alrededor de mil pacientes diarios y que el módulo coadyuva en la defensa de los derechos humanos de las personas que portan este virus. Por estas acciones, los activistas también acudieron al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), de la que ya reciben asesoría. La organización hizo un llamado para que cese la actuación de la sección XVIII del sindicato y no se obstaculice la labor de la clínica.