CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Ley de Reconstrucción aprobada por la Asamblea Legislativa (ALDF) presentó desde su origen una visión limitada de derechos humanos, además de que no cuenta con un diagnóstico cuantitativo o cualitativo de las condiciones de vulnerabilidad en las zonas dañadas por el sismo del pasado 19 de septiembre. Así lo denunció la organización Damnificados Unidos de la Ciudad de México ante la Comisión de Derechos Humanos de la capital (CDHDF), en una misiva enviada a Nashieli Ramírez Hernández, presidenta del organismo. Destacó que la ley en cuestión viola derechos fundamentales, como el acceso a la justicia, a la audiencia y al debido proceso legal; a la vivienda, a la verdad y a la vida, entre otros. Plantea como método de financiamiento para la reconstrucción los créditos llamados “blandos” y permite la redensificación de hasta el 35% de los edificios colapsados, “mecanismos que hemos rechazado desde el inicio de la contingencia”. Según la organización, el ordenamiento legal no atiende a las víctimas y el acceso a la justicia, “pero intenta resolver la crisis como un asunto de metros cuadrados y oportunidades de enriquecimiento para las empresas inmobiliarias”. En su momento, subrayó, Damnificados Unidos de la Ciudad de México denunció la gravedad de que la ley fuera aprobada en sus términos e hizo un llamado público a la ALDF a no legislar en la materia sin antes generar un proceso de diálogo, escucha y debate con las personas afectadas. “Lejos de que ello ocurriera, estuvo agendada para su aprobación en el pleno en tres ocasiones, sin que siquiera hubiese sido discutida o analizada en las tres comisiones de dictamen, en una clara violación al proceso parlamentario”, se lee en la misiva. “Ello nos obligó a manifestar nuestra oposición en las afueras de la propia ALDF, con lo que solo ganábamos tiempo, o el acercamiento de algún legislador o legisladora aislados, que pretendían quedar bien con las personas damnificadas, pero que en ningún momento hicieron caso de nuestra demanda de establecer un proceso institucional y formalizado de debate para escucharnos y legislar responsablemente”. De acuerdo con los afectados, el 24 de noviembre de 2017 la ley fue aprobada “sin corregir ni subsanar todas las omisiones e injusticias en su contenido y, sobre todo, sin un proceso abierto de debate con las personas a que afectará”. Por ello, solicitaron a la CDHDF que emprenda la investigación y argumentación legal necesaria “que robustezca nuestra denuncia pública de los varios derechos que nos han sido vulnerados desde el 19 de septiembre”. También pidieron su acompañamiento y defensa jurídica para los damnificados, “en su carácter de Defensoría del Pueblo”, y que proceda, conforme a sus atribuciones, a realizar las acciones legales pertinentes y se emitan las recomendaciones necesarias para garantizar a plenitud los derechos humanos “de quienes llevamos más de dos meses en las calles, por la omisión, ineficacia y falta de respuestas oportunas y sensibles a nuestra tragedia”.