CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Indisciplina, falta de capacitación de personal en materia de derechos humanos, ausencia de programas o protocolos para prevenir y atender situaciones de emergencia o eventos violentos, instalaciones inadecuadas, falta de personal, comida deficiente e insuficiencia de medicamentos, entre otros factores, fue lo que encontró la Comisión Nacional de Derechos Humanos en centros para adolescentes que infringen las leyes penales. A través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura el organismo nacional emitió el Informe 1/2017 sobre los Centros para Adolescentes que infringen las leyes penales, resultado de las visitas efectuadas en enero pasado en distintos centros de la Ciudad de México. Personal adscrito al mecanismo examinó el trato y condiciones de internamiento de las personas privadas de la libertad en los siguientes centros: Comunidad para el Desarrollo de Adolescentes, Comunidad de Diagnóstico Integral para Adolescentes, Comunidad Especializada para Adolescentes “Dr. Alfonso Quiroz Cuarón”, Comunidad para Mujeres y Comunidad de Tratamiento Especializado para Adolescentes. Entre las deficiencias detectadas en los centros de internamiento se hallaron: Referencias de maltrato por parte de personal de seguridad; falta de mantenimiento en dormitorios y servicios sanitarios, así como en áreas de talleres, aulas y patios; deficiencias en la iluminación artificial, sistemas hidráulicos, de drenaje, fugas de agua y humedad; inadecuadas condiciones de higiene y presencia de fauna nociva. También se hallaron deficiencias en áreas de visita, comedores, talleres, aulas e instalaciones deportivas; falta de personal especializado para la implementación de actividades en los centros, y los adolescentes señalaron que la comida es insuficiente y repetitiva. En el caso de la Comunidad Especializada para Adolescentes “Dr. Alfonso Quiroz Cuarón”, se advirtió “una evidente situación de indisciplina” que impera en el interior. Asimismo se detectaron procedimientos disciplinarios deficientes y sin resolución escrita. La CNDH señaló en un comunicado que las comunidades para adolescentes aún carecen de reglamento interno y manuales de procedimientos debidamente actualizados, acordes con la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes e instrumentos internacionales. Además denunció carencia de personal médico para cubrir ausencias; cuadro básico de medicamentos insuficiente y equipo médico sin mantenimiento; certificación de integridad física de las personas menores de edad privadas de la libertad, sin condiciones de privacidad; falta capacitación del personal en materia de derechos humanos y de prevención de la tortura. Ausencia de programas o protocolos para prevenir y atender situaciones de emergencia o eventos violentos, y carencia de instalaciones para facilitar el acceso de las personas con discapacidad física. El informe, detalló la CNDH, se basó en parámetros previstos en la normatividad nacional e instrumentos internacionales, y afirmó que en cada una de las situaciones que se señalaron, se efectuaron observaciones para ser atendidas y verificadas, con el propósito de garantizar el respeto de los derechos humanos de los adolescentes privados de la libertad. De acuerdo con el organismo, en las visitas se verificaron las condiciones de estancia delos adolescentes, el trato humano y digno, la legalidad y la seguridad jurídica, la protección de la salud, la integridad personal así como el trato de quienes presentan discapacidad física o algún tipo de adicción, con el propósito de que se atiendan las situaciones de riesgo señaladas en el informe y prevenir actos que pudiesen constituir tortura o maltrato. La supervisión comprendió, la interlocución con personal directivo, médico y de seguridad de los distintos centros de internamiento; se aplicaron cuestionarios y se llevaron a cabo entrevistas directas a las personas detenidas, revisiones de expedientes y registros, efectuando además recorridos por las instalaciones con el propósito de verificar y constatar el funcionamiento y las condiciones de las distintas áreas. Parte fundamental de las acciones del mecanismo es la prevención de actos que pudiesen constituir riesgos de tortura o tratos crueles, motivo por el cual en las visitas se promovió e impulsó la observancia de los derechos humanos por parte de los servidores públicos que se encuentran en las diversas instituciones, concluyó la CNDH.