CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A cuatro años de la desaparición de 12 jóvenes originarios del barrio de Tepito que fueron secuestrados en el bar Heaven de la Zona Rosa y sus cadáveres hallados en una fosa clandestina del Estado de México, el gobierno de Miguel Ángel Mancera no ha cumplido con todas las recomendaciones hechas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Se trata del primer caso polémico en materia de seguridad que se presentó en la administración de Mancera Espinosa, y en cual el trabajo de investigación de la Procuraduría General de Justicia capitalina (entonces PGJDF) -desde entonces a cargo de Rodolfo Ríos-, comenzó a ser severamente cuestionado. De hecho, hasta ahora el caso no ha sido resuelto. Este viernes, la CDHDF recordó en un comunicado que en el 2013 -cuando su titular era Luis González Plascencia- acreditó que existieron omisiones y violaciones a derechos humanos en la investigación llevada a cabo por la Procuraduría. De hecho, el 21 de octubre de ese año, emitió la Recomendación 19/2013 por el caso: “Falta de protocolos específicos para la investigación y atención de casos de desapariciones de personas en la Ciudad de México”. La medida fue dirigida a la dependencia a cargo desde entonces de Ríos Garza, así como a la Secretaría de Gobierno (SG), encabezada por Héctor Serrano, -actual secretario de Movilidad- en calidad de autoridad colaboradora. Según la Comisión presidida por Perla Gómez, durante el último año “hubo avances” en la recomendación de reparación del daño, al indemnizar a varias de las víctimas indirectas. Sin embargo, pidió a las autoridades señaladas dar continuidad a dichas acciones “hasta culminar con la indemnización de la totalidad de las víctimas”. Además, solicitó que se materialice la inserción a programas sociales de las personas agraviadas que continúan en espera recibir los beneficios ofrecidos. Respecto a la recomendación de no repetición, la CDHDF informó que la Procuraduría local publicó modificaciones al Protocolo para la búsqueda de personas no localizadas (Alerta Ámber) y acreditó la capacitación a personal que brinda atención a víctimas de hechos graves de violencia. No obstante, enfatizó en que sigue pendiente la elaboración de un plan para la prevención del delito. Por lo que se refiere a las medidas de satisfacción que le pidió, la Comisión manifestó preocupación ya que, después de cuatro años “los familiares de las víctimas no han recibido la disculpa pública que dignifique el nombre de las y los jóvenes desaparecidos”. Y por si fuera poco, agregó, “no se ha culminado la investigación de los hechos, contraviniendo lo recomendado en cuanto a que se realizara conforme estándares de debida diligencia”. La CDHDF llamó a la PGJ y a la SG capitalinas a que “atiendan las acciones pendientes de cumplimiento en la mencionada Recomendación, a fin de que no se continúe la revictimización de los familiares de las y los jóvenes desaparecidos, que a cuatro años de los lamentables hechos, continúan esperando que se les repare el daño y que se les brinde la satisfacción como víctimas de violaciones a derechos humanos, que les fue prometida”.