CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa de la capital (ALDF) interpuso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tres acciones de inconstitucionalidad contra el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México aprobado por los diputados locales el pasado 17 de julio. Los morenistas impugnaron dos puntos de la Ley del Sistema Anticorrupción local, en particular, el procedimiento de designación del fiscal y del secretario técnico. Encabezados por César Cravioto, presidente de esa fracción parlamentaria, los legisladores cuestionaron la invalidez del artículo 33 de dicha legislación, con el que se aprueba que el secretario técnico será nombrado por el voto favorable de la mayoría simple de los miembros en el pleno. Según los inconformes, dicho artículo es contrario al 13 transitorio de la nueva Constitución de la CDMX y al artículo 29 de Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en la que se estipula que la aprobación debe ser por la mayoría calificada. Con esto, explicó la diputada Aleida Alavez, se requerirán tan sólo 34 votos de los 66 posibles; mientras que con una mayoría calificada son 44. La segunda acción de inconstitucionalidad tiene que ver con los artículos 9, 10, 12 y el transitorio tercero de la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada al Combate de la Corrupción; así como los artículos 68, 69,70, 71 y transitorio sexto de la Ley del Sistema local. Los anteriores artículos se refieren a la permanencia del fiscal por un periodo de hasta siete años y con posibilidad de reelección, así como la aprobación para que sea el jefe del Ejecutivo quien envié una terna con los posibles nombramientos, en lugar de que lo haga el Consejo Judicial Ciudadano. La tercera y última controversia es por la violación al artículo 1 Constitucional, el 13 y 36 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y el tercer numeral de la Convención Interamericana contra la Corrupción, pues según los quejosos, la ALDF no armonizó la ley local recién aprobada con las nacionales e internacionales en la materia. César Cravioto explicó que, si bien la SCJN tiene sus propios tiempos para desahogar las controversias, la aprobación y designación de los cargos vencen en octubre próximo, por lo que el máximo órgano de justicia en México “tendría que estar resolviendo antes del 15 de octubre para que estos hechos no se consumen”. Por ello, hizo un llamado a los ministros de la Corte para que “actúen favoreciendo las leyes de la República, las leyes de la ciudad y no favoreciendo a quienes la violentan una y otra vez”. Para la entrega de las tres acciones de inconstitucionalidad, el grupo parlamentario de Morena presentó 22 firmas de legisladores de la ALDF: 20 de ese partido y los independientes Carlos Alfonso Candelaria, -renunció al PES el pasado lunes 11-, y Beatriz Olivares, experredista. A la entrega acudieron Alfonso Suárez del Real, Ricardo Cervantes, Beatriz Rojas y Ana María Rodríguez. De las modificaciones En referencia a la noticia que se destapó ayer por las diferencias encontradas entre los dictámenes finales de las 11 leyes del Sistema Anticorrupción y las leyes publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del pasado 1 de septiembre, Aleida Alavez adelantó que la siguiente semana se interpondrá una denuncia penal y administrativa ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo local y la Procuraduría General de Justicia (PGJ-CDMX) contra el consejero jurídico, Manuel Granados Covarrubias, expresidente de la Comisión de Gobierno en la Asamblea local. Agregó que estiman la formulación de un amparo indirecto para la defensa de cualquier servidor público al que se le pretenda aplicar un procedimiento o una sanción a partir de los cuestionados ordenamientos ya publicados. “Violentar las leyes es un delito y es un delito que se tiene que castigar”, dijo el coordinador de la bancada de Morena. Ayer, luego de darse a conocer la noticia, el sitio especial que la ALDF diseñó para el Sistema Anticorrupción se presenta “en proceso de actualización”, por lo que es imposible consultar los dictámenes que estaban ahí publicados. Por su parte, la ALDF negó los cambios entre las leyes publicadas en la Gaceta Oficial y los dictámenes, tras asegurar que las organizaciones y los reporteros que lo denunciaron no consultaron los dictámenes finales del pleno, sólo los de las comisiones. El equipo de asesores de Morena insiste en que ya cuenta con la versión estenográfica certificada con la que demostrarán que, efectivamente, existen cambios. César Cravioto indicó que su cuerpo de abogados ya trabaja en la identificación de todas las diferencias, que hasta ahora suman más de tres. Dijo que mañana citarán a conferencia de prensa para darlas a conocer.