CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Antes de que Miguel Ángel Mancera pida licencia para buscar la candidatura a la Presidencia de la República, cuatro asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales exigieron a la Secretaría de Gobernación (Segob) que declare la Alerta por Violencia de Género (AVG) en la metrópoli y notifique de la misma al gobierno capitalino. Lo anterior –argumentaron– por el evidente incremento en las cifras de feminicidios, violaciones sexuales, desaparición y trata de mujeres de la Ciudad de México de 2016 a la fecha y la negativa de la Procuraduría General de Justicia local (PGJ-CDMX) de investigar con perspectiva de género, amén de la reticencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ-CDMX) para reclasificar los homicidios como feminicidios. En conferencia de prensa en la que hicieron pública la solicitud que entregaron a la Segob hoy por la mañana, las organizaciones civiles llamaron a Mancera Espinosa a “actuar con congruencia” y aceptar la AVG. Señalaron que, de acuerdo con información de la misma PGJ, que dirige Edmundo Garrido Osorio, de noviembre de 2016 al 30 de junio de 2017 se han registraron 101 casos de muertes violentas de mujeres. Además, de enero de 2015 a diciembre de 2016 se reportaron dos mil 494 mujeres como ausentes o extraviadas. De ese total, se localizaron mil 836 y restan 644 por ubicar su paradero; 60% de ellas son menores de 17 años. Encabezados por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, la Red de Todos los Derechos para Todas y Todos, Justicia Pro Persona y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) señalaron que existe un evidente “fracaso de las autoridades capitalinas” para procurar justicia y verdad a las víctimas, además de una insistencia por tratar de “ocultar” o “disfrazar” la información de parte de la Procuraduría y el Tribunal capitalinos. Un claro ejemplo, denunciaron, es que sólo 36% de los casos registrados en los primeros siete meses del año fue clasificado bajo el tipo penal de “feminicidio”, pero sólo en nueve de ellos los probables responsables fueron vinculados a proceso. En la solicitud para que se aplique la AVG en la capital, los peticionarios denunciaron que la PGJ comete violaciones a la debida diligencia y que, en lugar de procurar justicia, revictimiza a las víctimas, filtra información y, al mismo tiempo, se la escamotea a la defensa de los agredidos, además de que violenta los protocolos para resguardar el lugar de los hechos y las evidencias. Como ejemplo de esto último, citaron el caso del homicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, ocurrido el pasado 3 de mayo. Sayuri Herrera Román, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, aseguró que es evidente la actuación sistemática y reiterada de la PGJ y el TSJ de violentar el debido proceso y diligencia. “Pareciera una política institucional actuar de esa manera”, dijo. Por su parte Nahyeli Ortíz Quintero, de Justicia Pro Persona, sostuvo que la petición de AVG no es más que un llamado a la congruencia. “El jefe de gobierno (Miguel Ángel Mancera) desde el momento en que toma su cargo y hasta el último que lo ejerce es responsable de todos los problemas de la ciudad. Estamos en un momento crucial para las mujeres, por eso pedimos que su tiempo y espacio esté ocupado para ello. Esperamos que actúe más allá de esas aspiraciones políticas y se ocupe de estos grandes temas. No es un problema de normatividad, es un problema de voluntad política”, afirmó. La solicitud fue entregada a Alejandra Negrete Morayta, presidenta del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, así como a Lorena Cruz Sánchez, secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). Las organizaciones inconformes también señalaron que, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (EDIREH 2016), la CDMX ocupa la primera posición –incluso por arriba de la media nacional– de violencia hacia las mujeres, con 79%. También es el primer lugar nacional, con 61.1%, por violencia comunitaria, cuando la media es de 38%. “Esto quiere decir que somos la entidad en donde las mujeres son agredidas con más frecuencia en las calles, por ejemplo, en el transporte público, en plazas públicas. No estamos inventando nada, vamos a presentar los casos específicos, así como los testimonios de cada uno”, refirió Ana Yeli Pérez, de Justicia Pro Persona.