CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Familiares de Nadia Vera, Rubén Espinosa, Mile Virginia Martín y Yesenia Quiroz, cuatro de las cinco víctimas del multifeminicidio y homicidio de la colonia Narvarte, presentaron ante la Contraloría General del gobierno capitalino una queja administrativa por la omisión y negligencia de servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia local (PGJ-CDMX) en relación con la investigación de este caso desde que ocurrió el 31 de julio de 2015. Además, hicieron un llamado público a la jefa gobierno, Claudia Sheinbaum, y a la procuradora, Ernestina Godoy, a “retomar el cauce de las investigaciones, subsanar en la medida de lo posible las omisiones e irregularidades cometidas por el Ministerio Público, así como cumplir cabal y satisfactoriamente” la Recomendación 4/2017 de la Comisión de Derechos Humanos local (CDHDF) para garantizar justicia, verdad y reparación a las víctimas que el gobierno de Miguel Ángel Mancera “negó brindar hasta su último día en funciones”. Este viernes, la organización internacional Artículo 19 -coadyuvante en la indagatoria- informó que el pasado 11 de diciembre los familiares de Nadia, Rubén, Mile y Yesenia -los de Alejandra Negrete no aceptaron la representación legal- señalaron ante la nueva Contraloría que las omisiones y negligencias de la PGJ se han traducido en “múltiples violaciones a los derechos humanos de todas las víctimas y que se han prolongado en el tiempo desde que comenzó la investigación de los hechos hasta la fecha”. En un boletín, agregó que las familias presentaron la queja para denunciar formalmente todas las irregularidades y omisiones del personal de la PGJCDMX a partir de la investigación e integración de la averiguación previa FBJ/BJ-1/T2/4379/15-07, así como por los malos tratos que han recibido. El propósito es que se inicie, desahogue y resuelvan los correspondientes procedimientos disciplinarios contra los servidores públicos responsables y se les impongan las sanciones correspondientes, mismas que a su vez se traduzcan en garantías de no repetición, en favor de todas las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos. Cuando los hechos ocurrieron, el jefe de gobierno era Miguel Ángel Mancera y el titular de la PGJ, su amigo y exsecretario particular Rodolfo Ríos. Mientras que el subprocurador era Edmundo Garrido, y el fiscal de Homicidios, Marco Reyes. El exmandatario local ahora es senador de la República. Ríos Garza renunció el 24 de junio de 2017 para irse como asesor en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mientras que Garrido asumió la titularidad de la Procuraduría y Reyes, el de la subprocuraduría. Sobre los presuntos responsables, Daniel Pacheco Gutiérrez, César Omar Martínez Zendejas y José Abraham Torres Tranquilino están presos en la zona de máxima seguridad, conocida como “Diamante”, del Reclusorio Oriente. Solo el tercero ha recibido sentencia y ésta se encuentra impugnada. Sin móvil ni causas De acuerdo con la queja de los familiares de las víctimas, desde el primer día después de ocurridos los hechos comenzó un “largo transitar de irregularidades, omisiones y revictimización” contra las víctimas directas e indirectas, por parte de las autoridades ministeriales. Además, la PGJCDMX no ha podido esclarecer el móvil del crimen, ni las razones por las que ocurrieron los hechos. Se ha “negado a investigar o a profundizar, por ejemplo, la intervención de más personas en el crimen, o la existencia de autores mediatos o intelectuales”. Artículo 19 enfatizó que la Procuraduría capitalina continúa siendo omisa en agotar la línea de investigación sobre el activismo de Nadia Vera y el periodismo de Rubén Espinosa en Veracruz, desde donde se desplazaron a la Ciudad de México debido a amenazas, hostigamientos y agresiones que sufrieron en la entidad entonces gobernada por Javier Duarte. Y ante la insistencia de la coadyuvancia en profundizar sobre numerosos aspectos de la investigación, dijo que “hemos obtenido respuestas limitadas para solventar algunos aspectos y un abierto rechazo en otras más”. El agotamiento de estas líneas de investigación, agregó, ha sido una exigencia permanente, a través del impulso procesal de las víctimas y quienes las representamos, así como de la protesta y presión sociales para conocer la verdad de lo sucedido y exigiendo justicia. Así, los abogados han integrado datos, notas y testimonios para acreditar los antecedentes de amenazas, tanto de Nadia como de Rubén, mientras que el Ministerio Público no ha hecho un trabajo activo y diligente. “Sólo están integrados como hojas más en el expediente, sin que la Procuraduría capitalina haya derivado hasta la fecha diligencias y líneas de investigación sustantivas para esclarecer los hechos”. La organización también señaló la falta de perspectiva en la investigación de los hechos, tanto en defensa de derechos humanos, de género y de libertad de expresión, como en la aplicación de los protocolos existentes en estas materias. Únicamente se radicó la averiguación previa en la Fiscalía Central para la Investigación del Delito de Homicidio en la Ciudad de México, “la cual ha demostrado nula voluntad en esclarecer los hechos, a través de una investigación incompleta y deficiente”. Llaman a Sheinbaum y a Godoy Artículo 19 recordó que el 21 de junio de 2017 la CDHDF presentó la Recomendación 4/2017 dirigida a la PGJ y al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX) como autoridades responsables de violaciones a derechos humanos en perjuicio de las víctimas indirectas del crimen. La Comisión acreditó violaciones al debido proceso y debida diligencia, en relación con el derecho a defender derechos humanos y el derecho a la libertad de expresión; derecho a la verdad y derecho de acceso a la justicia; derecho a la integridad personal en relación con el derecho a la memoria de las personas fallecidas y su honra y dignidad; y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Por estas razones, los familiares de las víctimas y los coadyuvantes exhortaron al nuevo contralor, Juan José Serrano Mendoza, dar trámite a la queja administrativa y abrir los procedimientos disciplinarios contra los servidores públicos “que han actuado sin ningún profesionalismo, ética, legalidad ni respeto a los derechos humanos”. Los firmantes del comunicado son Artículo 19 México y Centroamérica, Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social y la Clínica de Interés Público Contra la Trata de Personas del ITAM.