CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) abrió una carpeta de investigación por el caso de Marco Antonio Sánchez Flores –el estudiante que desapareció por cinco días tras ser detenido por cuatro policías capitalinos–, y que será independiente de la que lleva actualmente la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX). Así lo refirió Simón Hernández López, uno de los abogados de los padres del joven de 17 años. Según explicó a Apro, la apertura de esta nueva carpeta de investigación es consecuencia de los acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, ante el recurso de queja 17/2018 que presentó el grupo de abogados del caso, el pasado 29 de enero. Hernández León destacó que, a diferencia de la investigación iniciada por la Procuraduría local, la de la PGR se abrió por el delito de desaparición forzada. Sin embargo, aún se desconoce su contenido, pues la dependencia sólo les notificó de su apertura hace dos días. El abogado no desestimó que la PGR ejerza su facultad de atracción –hecho con el que la totalidad de la investigación recaería en la instancia federal–, toda vez que dos autoridades de gobierno (las de la capital del país y las del Estado de México) están involucradas, así como para garantizar la imparcialidad de las indagatorias. No obstante, subrayó que la decisión de la atracción es discrecional, por lo que depende en su totalidad del PGR. “No es algo que se descarte. El momento actual es que la PGR tiene una investigación abierta y hay otra investigación abierta en la PGJ (local), que corren de manera independiente. Eventualmente, la PGR podría ejecutar la facultad de atracción y decir que la PGJ ya no investigue, pero eso es una facultad discrecional, es decir, lo puede o no hacer”. El defensor refirió además que la atracción de la PGR podría beneficiar a la familia de Marco Antonio al garantizar imparcialidad en las indagatorias y porque se podría incluir en una misma carpeta la investigación a los servidores públicos del Estado de México, que también se lleva de manera independiente en esa entidad. Por otro lado, subrayó como desventaja que la investigación tendría que iniciar desde las “propias dinámicas de la PGR”, lo que aumentaría el tiempo de la indagatoria y se corre el riesgo de que se fragmente el proceso. “En muchos casos emblemáticos, esta práctica de abrir y abrir averiguaciones previas termina por fragmentar la averiguación, por lo que se ha sugerido que cuando haya estos esquemas, las investigaciones no se fragmenten, sino que se concentren. Y en este caso lo podría hacer la PGR con la atracción”, explicó. El abogado Simón Hernández agregó que la defensa ya tuvo acceso completo a la carpeta de investigación que se lleva en la PGJ-CDMX, por lo que ya analizan el curso de la investigación para determinar si continúan con la misma o piden la atracción de la PGR. En la defensa del caso también participan el Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP), la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) y la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).