CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez especializado en justicia para adolescentes impuso medidas cautelares al menor de 12 años imputado por el delito de homicidio culposo por tránsito de vehículo de cinco adolescentes al chocar el auto que conducía el pasado domingo 18 en Tláhuac. El próximo viernes 2 de marzo el juez definirá si lo vincula o no a proceso. Este lunes se realizó la audiencia del caso en la que el juez le ordenó presentarse cada mes ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso. Además, le prohibió salir de la Ciudad de México sin autorización de impartidor de justicia, así como acercarse o comunicarse con las víctimas indirectas. También lo instruyó a someterse a cuidado y vigilancia de personal de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Dichas medidas deberán cumplirse durante el tiempo que dure el proceso, según un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX). El organismo informó que, durante la audiencia, el Ministerio Público imputó el delito de homicidio culposo, mientras que la defensa privada del menor pidió la duplicidad del término constitucional para que le sea definida su situación jurídica. Durante la audiencia el adolescente estuvo asistido por su defensa privada; su represente legal –una funcionaria de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dependiente del DIF-CDMX, instancia que ejerce la tutoría temporal; así como de un médico general, una psicóloga, y un familiar cercano. También comparecieron las víctimas indirectas –familiares de los cinco menores de edad que fallecieron en el accidente–, quienes estuvieron asistidos por su asesor jurídico y una psicóloga victimal. El pasado viernes 23, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México informó que los padres del niño de 12 años acudieron la noche anterior a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes, donde se inició un expediente en su contra por el delito de violencia familiar. Ambos se reservaron su derecho a declarar y solicitaron al representante social recibir su testimonio por escrito en los próximos días, destacó la dependencia en un comunicado.