CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Vecinos de la delegación Álvaro Obregón denunciaron negligencia, abandono y opacidad del gobierno de Miguel Ángel Mancera frente a las repercusiones que han ocasionado las obras para la ampliación de la Línea 12 del Metro, dejando al menos 600 familias damnificadas. La falta de respuesta de las autoridades a las quejas por la ampliación, que consiste en la construcción de tres nuevas estaciones que corren de Mixcoac a Observatorio (Valentín Campa, Álvaro Obregón y Observatorio), ha provocado que desde hace un mes vecinos se mantengan en un plantón en la colonia Primera Victoria. Representantes de los afectados informaron en rueda de prensa que, desde que en 2016 iniciaron las obras para incrementar el número de estaciones de la Línea 12, unas 150 casas se han visto afectadas por la construcción de lumbreras y el trazo mismo de la obra. Los quejosos denunciaron que la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse) “ha mantenido un hermetismo total en cuanto a los proyectos que se tienen para esta construcción, no se ha hecho el aviso correspondiente a predios que serán afectados por la expropiación ni a predios irregulares que también serán afectados, dejando en incertidumbre a los vecinos de dichos inmuebles”. Leonardo Gómez, cuya propiedad será afectada, denunció que ninguno de los 11 propietarios de inmuebles que serán derruidos para realizar la obra fue notificado formalmente, sino que los dueños fueron quienes buscaron información, pero les han ofrecido “pagar las propiedades con base en el valor catastral, que equivale a 60% del valor comercial del predio”. Gómez, quien asegura que la casa que ahora el gobierno capitalino pretende derruir, fue construida por sus abuelos hace más de 60 años, y sostiene que el ofrecimiento a través de una empresa particular “no contempla que en el predio tenemos un negocio familiar, y que de ahí vivimos varias familias”. Además, contó que, derivado de la virtual expropiación, “ya hay amenazas” de extorsión, “pero todavía ni nos pagan el predio”. Ruth Martha Cid y Graciela Chavarría, explicaron que, pese a que las afectaciones en sus viviendas las hace inhabitables, hasta ahora no han tenido apoyo del gobierno de Miguel Ángel Mancera. Cid comentó que ella aceptó salirse de su vivienda tras la promesa de representantes de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México de que se le apoyaría con la renta de un departamento. “Sin embargo, sólo nos dieron un primer apoyo de cinco mil pesos, y después ya no volvieron a darnos recursos”, denunció. Chavarría sostuvo que ella no ha tenido algún tipo de respaldo pese a ser madre soltera y tener a un hijo menor con discapacidad. Juan Carlos Durán destacó que unos cien vecinos de la zona afectada por la ampliación interpusieron quejas ante la Tercera Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y “se ofrecieron peritajes, pero hasta ahora ningún funcionario de la Comisión ha ido a las casas dañadas”. Durán acusó que la delegación Álvaro Obregón “ha puesto trabas para entregar el certificado de residencia a los vecinos afectados, porque pretendemos interponer un amparo colectivo, y a la gran mayoría le están negando el documento, dicen que sólo se lo pueden expedir a propietarios, cuando para acreditar la residencia no necesitas tener propiedad”. El vecino destacó que la obra afecta un asentamiento irregular que tiene más de 30 años de existencia, y que aún no ha sido regularizado debido a que “las familias han sido usadas electoralmente. Les dicen que si votan por uno u otro partido van a darles escrituras, pero pasan las administraciones y no les cumplen”. Actualmente la delegación está gobernada por el PRD. De acuerdo con el pliego petitorio presentado a las autoridades en recientes reuniones, las demandas principales de los vecinos “son levantamientos notariales a toda la zona, dictámenes de directores responsables de obra (DRO) por escrito a las casas afectadas, así como los apoyos necesarios para la desocupación de todas las familias que ocupan las viviendas declaradas inhabitables”. Igual solicitan que “el gobierno destine presupuesto y elabore un programa de reconstrucción en toda la zona afectada por la obra, con base en los lineamientos para la reconstrucción”, es decir, con base en la Ley de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México. Juan Carlos Durán destacó que para las familias afectadas está claro que la ampliación de la Línea 12 del Metro forma parte de un proyecto más amplio, “vinculado al Tren Interurbano México-Toluca y al nuevo aeropuerto”, así como a megaproyectos comerciales y habitacionales. “Nosotros no estamos en contra del desarrollo ni de los megaproyectos, lo que no estamos dispuestos es que se pase por encima de nuestros derechos, que se actúe con opacidad y que no haya desde el gobierno compromisos para las familias afectadas”, puntualizó.