CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la CDHDF existen 75 quejas por dictámenes mal efectuados, construcciones que causaron daños e inmuebles colapsados, entre otras presuntas violaciones a los derechos humanos derivadas del sismo del 19 de septiembre. Según informó la ombudsperson Nashieli Ramírez Hernández, en su comparecencia ante la Asamblea Legislativa, la Comisión recibió 75 quejas, todas asentadas en la Tercera Visitaduría, por hechos relacionados con el sismo, tan sólo el año pasado. Según dijo, la mayoría de ellas son por daños pendientes en dictaminación, con 22 quejas. Le siguen cinco denuncias más por construcciones que causaron daños en inmuebles, cinco por inmuebles colapsados, cuatro por inmuebles por alto riesgo a demoler, y cuatro más que no cuentan con un dictamen de seguridad estructural. Sin embargo, los diputados Jesús Armando López Velarde Campa (MC), Fernando Zárate Salgado (PVEM), Juan Gabriel Corchado (Panal) y Aleida Alavez (Morena) reprocharon a la ombudsperson la falta de un pronunciamiento o la emisión de una recomendación en contra de las violaciones a los derechos de las familias damnificadas. Zárate Salgado incluso criticó que un pronunciamiento podría haber marcado un precedente en los derechos humanos en la capital. Ramírez Hernández respondió que la Comisión ha efectuado acciones al respecto, por ejemplo, que apenas hace unos días celebró una primera audiencia con los damnificados, y a la par se han realizado labores de acompañamiento, seguimiento y atención a víctimas. Además, puntualizó que el órgano independiente tiene previsto elaborar un informe especial con los testimonios de las familias afectadas, con el fin de emprender acciones para atender los casos. “No olvidaremos a las personas damnificadas hasta que el proceso de reconstrucción de sus viviendas y sus vidas concluya en su totalidad”, ofreció la presidenta de la CDHDF. Al concluir su reporte, la ombudsperson pidió a los diputados locales “hacer su parte”, tras indicar que la protección a los derechos humanos no recae en una sola persona y que la agenda respectiva se trabaja desde el gobierno. “El problema y la magnitud del panorama de violación a derechos humanos en esta ciudad no puede estar a cargo de una sola persona o una sola institución, requerimos que la agenda de derechos humanos es una agenda de gobernanza”, sentenció.