CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un colectivo formado por 17 de las 26 familias afectadas por el derrumbe del Colegio Rébsamen pidió a los siete candidatos a la jefatura de gobierno y a la administración actual evitar el uso político de la tragedia ocurrida el pasado 19 de septiembre. Y es que el tema ha sido mencionado de manera reiterada por los candidatos locales. De hecho, fue tema recurrente en el segundo debate, realizado el pasado 16 de mayo. A más de ocho meses del sismo, las 17 familias, que son representadas por la Fundación Barra Mexicana de Abogados, denunciaron que se ha utilizado de “bandera política” la muerte de los suyos, así como la calidad de víctimas en la que se encuentran. “Es muy doloroso para todos nosotros estar viendo en medios y en un debate electoral que se está viendo en todo el país, cómo lucran de forma política con una tragedia. Para nosotros, cada que lo mencionan es recordar el 19 de septiembre”, afirmó Rogelio Rul, uno de los familiares afectados. En la conferencia de prensa a la que convocaron esta tarde, padres y madres de las víctimas se deslindaron de cualquier partido político y pidieron a los candidatos ayudar con propuestas. “Nuestra lucha tiene el único objetivo de tener justicia. No tiene ningún color político ni persigue ninguna finalidad electoral. Si los candidatos desean ayudar y se muestran sensibles a nuestra causa creemos que la mejor forma es elaborando propuestas que realmente lleven a que ninguna otra familia pase por la tragedia por la que estamos pasando”, aseguró Ana Velázquez a nombre de las 17 familias. “No apoyamos a Sheinbaum ni a nadie”  De manera puntual y tras la pregunta expresa de la prensa, reiteraron que su pronunciamiento no debe entenderse a favor de Claudia Sheinbaum, exdelegada de Tlalpan y candidata de Morena-PT-PES, ni de ningún otro aspirante, pues señalaron que buscan justicia y castigo de los responsables por la vía legal. Las responsabilidades “no atañen a una sola persona. Es un problema sistemático, es un problema que viene de todos los niveles de gobierno: hay muchas dependencias que estuvieron inmiscuidas en esta tragedia, son muchas las omisiones, tanto de personas, como entidades e instituciones”, enfatizó Rogelio Rul. Además, las familias señalaron que no buscan “silenciar a nadie”, ni que el tema deje de ser mencionado, simplemente que no se utilice políticamente. “Nuestro pronunciamiento no implica el que el asunto del Colegio no se discuta. No hay ningún acto de censura de parte nuestra, somos respetuosos, pero sí tenemos un cauce institucional”, insistió José Mario de la Garza, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Los padres reconocieron que existen otros grupos de familiares que “buscan justicia por otros medios”, principalmente aquellos que han mantenido contacto con las candidatas Alejandra Barrales -de la coalición PRD, PAN, MC- y Purificación Carpinteyro del Panal, mismos de los que se deslindaron. “Estamos de acuerdo en que existen otros grupos de representados que están tomando otra línea de trabajo, que no compartimos, pero respetamos. Si ellos tienen clara esta línea de trabajo adelante, al final del día todos queremos lo mismos: justicia”, dijo Rogelio Rul. También recriminaron que, a más de ocho meses, no existe ningún detenido por parte de la Procuraduría General de Justicia de la capital (PGJ-CDMX), a la que reclamaron avances en la investigación. Curso legal  Juan José Serrano, presidente del Consejo Directivo de la Fundación Barra, y José Mario de la Garza señalaron que el pasado 27 de abril las 17 familias a las que representan interpusieron una denuncia colectiva ante las autoridades procuradoras de justicia. En entrevista con Apro, De la Garza detalló que la querella ya fue aceptada y que, en ella, al menos 10 dependencias son señaladas como responsables en la carpeta de investigación que está en la Procuraduría que dirige Edmundo Garrido. Sin embargo, evitó mencionarlas “por estrategia legal”. “Son dependencias de gobierno que tienen injerencia en la construcción, la edificación, los permisos y las licencias por la edificación de las escuelas. Todas las autoridades involucradas en la edificación, construcción y el manejo de una escuela están citadas”, explicó. De la Garza añadió que estas familias buscan sentar un precedente histórico con la emisión de sentencias a su favor. “Esperamos que haya una sentencia que genere un precedente para que los próximos funcionarios se abstengan de actuar de manera ilegal y de realizar actuaciones ilegales que tengan como consecuencia la muerte de niños”, comentó. Según dijo, ninguna de las autoridades responsables hasta ahora se ha negado a entregar información. La Fundación lleva la defensa legal y gratuita de las familias, tras la tragedia en la que murieron 25 personas: 19 niños y seis adultos.