CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A nueve meses del sismo del 19 de septiembre pasado, que afectó la capital del país y otras entidades, una docena de organizaciones sociales acusó que persisten las violaciones a los derechos humanos de las familias damnificadas de la Ciudad de México. En un documento que dieron a conocer, organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Documenta Desde Abajo 19s y Artículo 19, entre otras, repudiaron que el avance en la atención de las víctimas ha sido lento y persiste el riesgo de impunidad y la ausencia de acceso a la justicia y debida reparación de las familias afectadas. Luego refirieron observar con “preocupación" el “irrazonable retraso” de las autoridades locales para efectuar acciones específicas para la reconstrucción, pese a que hay recursos públicos que fueron destinados para ello. También recriminaron que las instancias responsables de investigar los presuntos delitos relacionados con los edificios colapsados, como la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, exhiben un “evidente retraso y estancamiento respecto de estas investigaciones”. Las OSC aseguraron que, a la fecha, las víctimas que perdieron a sus familiares no han sido indemnizadas, y tampoco se les ha hecho llegar la información relacionada con los avances en las investigaciones y las responsabilidades que podrían fincarse a particulares y funcionarios públicos, entre otros. “El Estado mexicano no puede, tras nueve meses de ocurrido el siniestro, eximirse de sus responsabilidades bajo pretexto de lo impredecible del sismo; al contrario, debe garantizar en todo momento el acceso a los derechos fundamentales, así como las condiciones necesarias para que no vuelvan a repetirse las lamentables situaciones que detonó el sismo”, alertaron. En el documento, las organizaciones hicieron un llamado, tanto a la CNDH como a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a continuar con las investigaciones por violaciones a derechos humanos y a realizar acompañamiento efectivo a las víctimas. “A nueve meses, la justicia y la reparación deben ser temas que asuma el Estado sin menoscabo. Los desastres socialmente construidos deben investigarse con una perspectiva de combate a la corrupción, haciendo todo lo que se tenga al alcance para la no repetición de los daños ocasionados por las irregularidades registradas antes del sismo y la falta de actuación efectiva del Estado”. Las agrupaciones reiteraron que continuarán vigilantes de este proceso. Entre las organizaciones que respaldan el posicionamiento destacan Alternativas Comunitarias para el Desarrollo Cacamatl, Centro Nacional de Comunicación AC (Cencos), Dirección de Programas de Incidencia de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C., Instituto para las Mujeres en la Migración A.C., Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL) PODER. Así como Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación; Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México; Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C .(ProDESC) y Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz).