CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) ejercitó acción penal contra cinco personas identificadas por mujeres que trabajaban en el bar “Curazao” en la colonia Chimalistac, como las que obtenían beneficios económicos de los servicios sexuales que ellas ofrecían. La fiscal Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas, Juana Camila Bautista Rebollar, detalló las acciones que personal ministerial y de la Policía de Investigación, con apoyo de la Policía Federal, realizaron la madrugada de ayer jueves en el citado bar de la delegación Álvaro Obregón para dar cumplimiento a la orden de cateo girada por un juez de control, obtenida a raíz de una denuncia anónima. Según un comunicado de la PGJ-CDMX, durante la ejecución del mandato, cinco de las víctimas pidieron el apoyo de los servidores públicos, ya que dijeron que no estaban de acuerdo con que lo ahora inculpados obtuvieran beneficios económicos del trabajo que ellas realizaban. Las mujeres identificaron al administrador del bar y al capitán de meseros como quienes, además de promoverlas, se quedaban con la mayor parte de las ganancias de sus servicios. También señalaron a uno de los meseros como quien, presuntamente, las promovía y aleccionaba en caso de que hubiera algún operativo. Al mismo tiempo, acusaron que la boletera las promovía y que un hombre de 51 años que utilizaba varios nombres, las dirigía. De acuerdo con la PGJ, esas acusaciones fueron reforzadas con lo observado por los servidores públicos, quienes vieron que la boletera recibió dinero de uno de los clientes y el mesero conducía a una de las víctimas a uno de los privados donde estaba el hombre que les pagó por el servicio sexual. La fiscal Bautista Rebollar explicó que, por estos hechos, los cinco imputados fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas, donde se inició una carpeta de investigación por el mismo delito. En las próximas horas se llevará a cabo la audiencia inicial para control de detención en el Reclusorio Preventivo Sur, para que el juez de control ratifique como legal la detención, los vincule a proceso y les imponga la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. Según la Ley General de Trata de Personas para la Ciudad de México, el delito se castiga con hasta 30 años de cárcel. Tras el operativo, trabajadores del bar realizaron protestas frente a la PGJ, donde rechazaron que en el lugar hubiera explotación sexual de personas. Sus representantes alegaron que tenían contratos con las mujeres que bailan. No obstante, la fiscal aclaró que esos acuerdos están fuera de la ley.