CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Integrantes del Comité 68 responsabilizaron a las autoridades de la Ciudad de México de brindar garantías de seguridad a quienes este miércoles 2 salgan a las calles para conmemorar el 51 aniversario de la masacre de Tlatelolco. En conferencia de prensa, organizadores de la movilización resaltaron que en esta ocasión enarbolarán la exigencia a la Fiscalía General de la República (FGR) para que reactive las actuaciones que dejó pendientes la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) para llevar a juicio a responsables de la masacre de 1968. En el pronunciamiento, leído por Romeo Cartagena, los organizadores de la manifestación resaltaron los hechos violentos ocurridos en días pasados durante la marcha del quinto aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como los “actos de provocación” durante las movilizaciones de mujeres para exigir el cese a la violencia de género. “Nuestras manifestaciones no van encaminadas en contra del comercio establecido ni contra automovilistas o transeúntes, familias enteras que muchas veces acuden a observar o solidarizarse con nuestras demandas; por el contrario, promovemos las manifestaciones pacíficas porque queremos el arropamiento del pueblo entero como ha ocurrido a lo largo de los años”, indicaron los organizadores, al demandar a las autoridades que garanticen “el derecho de la libre manifestación por la Ciudad de México”. Al señalar que desconocen el planteamiento del gobierno de Claudia Sheinbaum sobre los “cordones de paz”, Félix Hernández Gamundi, puntualizó que “ninguna consideración releva la obligación de la autoridad por garantizar el derecho de la manifestación pública de las ideas, es una tarea que les corresponde a ellos y tienen recursos suficientes para ello”. Advirtió que siendo una convocatoria abierta a la sociedad para que se sume a la manifestación, las condiciones para sumarse a la conmemoración de la masacre de Tlatelolco es que los asistentes marchen “de manera pacífica y con el rostro descubierto, quien quiera  manifestarse de otra manera esta convocatoria no es para ellos, es su derecho, que se organicen en otro lado de otro modo, aquí se trata de una manifestación pacífica, no es admisible que un grupo de provocadores cancelen ese derecho a los mexicanos”. Sobre la exigencia de retomar las investigaciones de la masacre de 1968, Hernández Gamundi recordó que el año pasado el Comité 68 interpuso un amparo contra la inactividad de los expedientes relacionados con los hechos, entre ellos la acusación contra el expresidente Luis Echeverría Álvarez, quien se encuentra libre bajo reserva de ley. Apuntó que el Poder Judicial de la Federación negó el amparo a los integrantes del Comité, luego de que durante los cuatro meses que duró el trámite, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), “llevó a cabo unas 200 diligencias”, con lo que los activistas consideraron que ganaron, porque reactivaron los expedientes. De acuerdo al Comité 68 existen otras 52 averiguaciones previas terminadas por la extinta Femospp que nunca fueron consignadas ante un juez, de ahí la exigencia de que se reactiven y se agreguen “los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), respecto de la actuación de las Fuerzas Armadas el 2 de octubre de 1968”. Víctor Guerra, resaltó que hasta ahora, el gobierno federal no ha dado respuesta a la exigencia que los miembros del Comité 68 hicieron el año pasado al entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador para reabrir la Femospp. A un año de la exigencia, los activistas consideraron que “no es necesario que se reabra la Femospp sino una fiscalía especial para el caso del 68 es una necesidad histórica de nuestro país que se castigue y se sancione a los genocidas de los estudiantes, porque el genocidio es un delito contra la humanidad, y es increíble que el Quinto Tribunal Colegiado, haya establecido en un sentencia de amparo que hubo genocidio pero no hay un sólo genocida preso, fuera de Luis Echeverría  que estuvo dos años en prisión domiciliara”. Sobre la marcha, Guerra recordó que en los últimos ocho años no ha habido violencia en la marcha conmemorativa, por lo que insistió en exigir al gobierno de la Ciudad de México que garantice el derecho de libre manifestación, “libre de policías para no incurrir en provocaciones, ellos tendrán que ver la manera de neutralizar los grupos de provocadores que aprovechan la movilización para actuar”.