CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Miguel Ángel Vásquez, exjefe de la Oficina de la Jefatura de Gobierno en la administración de Miguel Ángel Mancera, fue detenido por elementos de la Procuraduría General de Justicia local (PGJ-CDMX) por su probable responsabilidad en el manejo indebido de recursos públicos; sin embargo, tuvo que ser liberado porque contaba con un amparo. Se trata del también exsubsecretario de Administración y Capital Humano de la Secretaría de Finanzas señalado, entre otras irregularidades, por engrosar la nómina de la administración pasada con la basificación de 32 mil plazas. También fue relacionado con Ismael Figueroa, exlíder del Sindicato de Bomberos de la Ciudad de México, por la supuesta contratación de cientos de “tragahumo”, cuyas plazas fueron declaradas inexistentes. Extraoficialmente, a Vásquez se le acusa de haber manejado indebidamente varios millones de pesos del presupuesto de 2018. A principios del actual gobierno, se informó que, durante la administración pasada se creó una nómina especial para emplear a familiares de funcionarios que ganaban sueldos por encima de los tabuladores normales. De hecho, según la indagatoria, se creó un tabulador especial para 58 personas; de las cuales, 50 de ellas están vigentes, entre ellas, las de dos hermanos de la exdirectora de Desarrollo Profesional de la Oficialía Mayor, Sinthya Campos Hernández. En un comunicado, la PGJ-CDMX informó que en el caso de Miguel Ángel Vásquez, “no se cumplimentó la orden de aprehensión debido a que presentó una suspensión provisional en contra del mandamiento”. No obstante, destacó que ello “no significa que haya sido exonerado en el proceso penal por la probable comisión de dicho delito”. La dependencia aclaró que otros dos exfuncionarios -Sinthya Campos Fernández, exdirectora de Desarrollo Profesional de la Oficialía Mayor, y Joel Pazol Ruiz, subdirector de área en la Secretaría de Finanzas-, sí fueron capturados. La Procuraduría capitalina indicó que obtuvo los mandamientos judiciales, a raíz de las investigaciones iniciadas en seguimiento a una denuncia penal presentada por la Contraloría General de la Ciudad de México, por posibles irregularidades cometidas por servidores públicos.