CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashielly Ramírez lamentó la persistencia de “una grave crisis del ejercicio periodístico” en el país, a pesar de la creación de “comisiones de defensa, protocolos de protección, mecanismos de protección”, a favor de los comunicadores.

Entrevistada tras la presentación de la recomendación 19/2019 relacionada con violaciones a la libertad de expresión, al debido proceso y al acceso a la justicia y derecho a la verdad, Ramírez consideró que para organismos de derechos humanos se enfrentan ante el reto de proteger al medio periodístico ante expresiones violentas transmitidas en redes sociales.

Al señalar que estamos “en un país que viola el derecho a la libertad de expresión en la medida en la que no protege a quienes son la principal fuente para que podamos ejercer este derecho”, los periodistas, Ramírez consideró que el reto para los organismos de derechos humanos es “cómo le vamos a hacer ante tantas violaciones a derechos humanos o expresiones de odio, que después provocan crímenes o asesinatos, en las redes sociales”.

Ramírez presentó este miércoles una recomendación que, si bien no es la primera que el organismo formula en torno a la libertad de expresión, la 19/2019 “es la primera en la que se documenta la violación a la libertad de expresión ejercicio periodístico en específico”.

El documento recomendatorio acumula tres quejas presentadas entre 2016 y 2017, relacionadas con los allanamientos y robo de equipo periodístico, así como amenazas y agresiones, cometidas en agravio de Carmen Aristegui, titular de Aristegui Noticias; Germán Canseco, fotógrafo de la revista Proceso, y Humberto Padgett, periodista independiente.

En junio de 2016, Canseco denunció el allanamiento de su domicilio y la sustracción de equipo fotográfico, dispositivos de almacenamiento y computadoras con material fotográfico; en noviembre de 2016, Aristegui denunció el allanamiento de sus oficinas por cinco personas, que robaron equipo de cómputo con material periodístico, en tanto que en agosto de 2017, Padgett denunció agresiones sufridas en Ciudad Universitaria mientras realizada un reportaje sobre narcomenudeo.

Para la ombudsperson, los casos “evidencian que los esfuerzos emprendidos por las víctimas para activar y sostener mecanismos de administración y procuración de justicia son francamente desproporcionados, en contraste con los resultados obtenidos”. Abundó que para la Procuraduría General de Justicia de la capital del país las denuncias por amenazas, agresiones y allanamientos, son calificadas como “robo simple sin asociación alguna o identificación de nexo causal entre los delitos cometidos y el ejercicio de la labor periodística”.

La anterior consideración, implicó que “no se activen los protocolos especiales para el tratamiento de los casos en perjuicio, tanto de la implementación de medidas de protección, como de la sanción correspondiente por la violación al derecho a la libertad de expresión de periodistas en ejercicio de su función, y de la sociedad en general por su derecho a saber”. Ante la ineficiente actuación de las autoridades, la CDHCM formuló nueve puntos recomendatorios, considerando a seis víctimas directas y dos indirectas, “teniendo como elemento en común haber sido víctimas del delito en razón de su ejercicio periodístico”.

A la PGJ-CDMX, el organismo recomendó la creación de un plan integral individualizado de reparación de daño; atención psicosocial y la realización de estudios técnico-jurídicos de las investigaciones penales iniciadas, que tendrá que realizar la Visitaduría Ministerial.

Por las omisiones y deficiencias detectadas, se instruyó a iniciar procesos administrativos y penales, contra el personal que haya puesto en riesgo a los periodistas en el proceso de investigación, así como generar un Plan de Trabajo para el diseño de la estructura institucional y normativa, que asegure progresivamente, la especialización y profesionalización del personal que integra la Agencia Especializada para la Atención de Delitos cometidos en Agravio de Periodistas y Personas Colaboradoras Periodísticas de la misma Procuraduría.