CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La administradora de un comedor comunitario en la alcaldía Benito Juárez interpuso un amparo contra la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y tres funcionarias más de su administración por la omisión en el abastecimiento de insumos para operar el servicio y, con ello, la afectación a unos 200 usuarios que todos los días acuden al lugar por alimentos a un costo de 10 pesos. Se trata del comedor comunitario ubicado en la calle Niños Héroes de Chapultepec 159, en la colonia del mismo nombre, que funciona desde hace 10 años en el primer piso del edificio que la dueña “presta para el servicio”. Fue inaugurado por el entonces secretario de Desarrollo Social y actual senador de Morena, Martí Batres. En conferencia de prensa, Yarel Salazar Armenta, coordinadora del comedor 219, y Hugo Torres Sumaya, presidente de la organización Unidos Sí Podemos CDMX, explicaron que el amparo indirecto fue interpuesto ante el Segundo Juzgado de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, el pasado lunes 8, por la presunta violación a la Ley de Comedores Comunitarios y al derecho constitucional a la alimentación. [video width="1920" height="1080" mp4="https://cdn.proceso.com.mx/media/2019/04/WhatsApp-Video-2019-04-11-at-7.03.48-PM.mp4"][/video] Video: Sara Pantoja Además de Sheinbaum Pardo, fueron señaladas como responsables en el juicio la secretaria de Inclusión y Bienestar Social, Almudena Ocejo Rojo, la encargada de despacho de la Dirección de Comedores Sociales, Bertha Noelia Mares, y la subdirectora de Comedores Comunitarios, Verónica García Cruz. Dijeron que, de proceder el amparo y no obtener respuesta, las sanciones podrían llegar hasta de inhabilitación para laborar en el servicio público. "Se agotó el diálogo con el gobierno de la ciudad que nos ha dejado plantados, por eso procedimos jurisdiccionalmente", dijo Torres y dejó entrever que podrían acudir a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF), para interponer una queja por la violación de garantías constitucionales y diversos tratados internacionales. De acuerdo con Yarel, el gobierno de Sheinbaum Pardo dejó de entregarles frijol, arroz, tortillas, sopas, aceite, verduras, carnes y demás alimentos de manera catorcenal desde el pasado 22 de enero. A partir de entonces, con aportaciones de su propia bolsa y de tarjetas de crédito -cuya deuda va en ascenso-, además de la ayuda de algunos vecinos y donaciones de la organización mencionada, ha mantenido el servicio, aunque tuvo que disminuir a 150 el número de comidas sin modificar el precio. Según sus cuentas, diario pone de su bolsa alrededor de 250 pesos para comprar esos insumos y seguir ayudando a los vecinos. “Yo trabajo en la tarde, pero lo que gano lo estoy dejando aquí, cuando se supone que, por ley, es el gobierno capitalino quien debe atender el abastecimiento de los alimentos”, dijo. Debido a las dificultades económicas para operar el comedor, Yarel tuvo que prescindir del trabajo de tres adultos mayores que preparaban los alimentos y ahora solo funciona con la ayuda de “voluntarios”. Apro constató que a ese lugar asisten personas damnificadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017, además de adultos mayores, desempleados, pensionados, personas con discapacidad y de escasos recursos. En entrevista, comentaron que su economía no les permite pagar comidas de 60 o 70 pesos y que el servicio que reciben del comedor comunitario es vital para su sobrevivencia. El “expediente perdido” Los denunciantes explicaron que, en enero pasado, personal de la Comisión para la Reconstrucción -dirigida por César Cravioto- acudió al comedor comunitario y determinó que, debido a una fisura que se hizo en el piso luego del sismo del 19-S, era “inviable” que el comedor siguiera operando, pues ponía en riesgo a los asistentes. Por esa razón, la Dirección General de Comedores Sociales les suspendió el suministro de los insumos. Aseguraron que las autoridades, en especial Verónica García Cruz, les dijeron que, si hacía los arreglos necesarios, el lugar podría seguir operando. [caption id="attachment_579312" align="alignnone" width="702"] Desde finales de enero, el gobierno capitalino dejó de entregar los insumos para el comedor comunitario. Foto: Sara Pantoja[/caption] Entonces, la coordinadora invirtió de su propio dinero alrededor de 40 mil pesos, entre el arreglo de la fisura, el cambio de piso, el reforzamiento de castillos en las paredes y otros trabajos, así como el costo del dictamen elaborado por el Director Responsable de Obra (DRO) 1283 en la Ciudad de México, Fernando Herrera Camacho. Los demandantes mostraron el oficio que determina que el inmueble “no tiene daños” estructurales, por lo que el arquitecto determinó que “no presenta daño que pueda poner en riesgo la integridad de las personas que laboran en este inmueble, así como personal que ingrese al mismo”. Además, presentaron una “opinión técnica” emitida por Ángel Luna Pacheco, director ejecutivo de Protección Civil de la alcaldía Benito Juárez, que el lugar está “en condiciones favorables para la operación del comedor” y solo recomendó terminar los trabajos de mantenimiento. Según Salazar y Torres, acudieron a hablar con Verónica García después de realizar los arreglos, pero la respuesta de la funcionaria fue que “el expediente está extraviado”. Por si fuera poco, dijeron que el inmueble no aparece en la Plataforma que la Comisión de Reconstrucción elaboró con base en el censo que realizó, desde el periodo de transición, para atender a los damnificados del sismo. Hugo Torres sugirió a las autoridades responsables que, en vez de obstaculizar el servicio de ese comedor, revisen casos de personas que coordinan entre 5 y 6 comedores al mismo tiempo. También recomendó revisar la calidad de los alimentos que proveen, pues administradores de otros comedores le han comentado que, en ocasiones llegan en mal estado -con moho o en estado de descomposición-. E incluso agregó que, en algunos casos, personal de la Secretaría de Inclusión ha hecho revisiones a modo de hostigamiento para obligarlos a cerrar.