CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el caso de la muerte de María Guadalupe Fuentes Arias, abandonada por más de 29 horas afuera de la estación del Metro Tacubaya, se detectaron dos elementos contradictorios relacionados con la actuación de la policía y de los paramédicos. Según el video del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, difundido la mañana del pasado 16 de febrero, seis elementos de la Policía Bancaria Industrial (PBI) sacaron, seminconsciente y casi cargada, a la mujer de 56 años, a quien prácticamente cargaron. No obstante, en el reporte que dejaron en la jefatura de estación afirmaron que salió por sus propios medios. Además, los paramédicos de la ambulancia 4 del área de Protección Civil de la alcaldía Miguel Hidalgo, que acudieron en su auxilio, reportaron que la mujer estaba bajo el influjo de alcohol y de enervantes, por lo que sólo le suministraron suero. Aseguraron que no ameritaba traslado al hospital y que en tres horas podría retirarse por su propio pie. Tres días después murió en un hospital del IMSS, presuntamente por las consecuencias de un infarto cerebral. Sin embargo, la directora del Metro, Florencia Serranía, y el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Jesús Orta, reconocieron la inadecuada actuación de sus trabajadores y ofrecieron disculpas públicas a los familiares de Fuentes Arias. “Reconozco de manera personal e institucional la mala y deficiente actuación de cinco elementos de la PBI que participaron en estos hechos, actuaron de manera deshumana y sin apego a protocolo de actuación alguno”, dijo Orta Martínez en conferencia conjunta. En la sala de prensa del gobierno capitalino destacó que en la corporación existen “muchos, muy buenos y capaces elementos”, pero también “corruptos y con escasa capacitación y preparación”. Resolver dichas deficiencias, abundó, “evitará que tengamos actuaciones policiales negligentes, violentas e inhumanas en el futuro”. Por lo pronto, subrayó, los policías involucrados están sujetos a una investigación en el área de Asuntos Internos de la SSC y a un proceso ministerial en la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina. Jesús Orta añadió que la dependencia a su cargo aportará “todos los elementos para el desahogo de estas investigaciones”. Y lamentó “profundamente la pérdida de los familiares”. Con el rostro desencajado añadió: “Respetuosamente les presento mi más sincera disculpa por la actuación de los elementos y asumo la responsabilidad que corresponde por estos hechos”. Esta es la primera vez que el jefe de la policía capitalina ofrece disculpas públicas por la actuación de los uniformados. Un hecho “inhumano e imperdonable” Florencia Serranía, directora del Metro, ofreció una relatoría de los hechos ocurridos la mañana del 16 de febrero en la estación Tacubaya de la línea 1. Según la funcionaria, a las 7:15 policías de la PBI atendieron a María Guadalupe Fuentes Arias, quien “sufrió un desmayo en el andén”. La llevaron en camilla al cubículo anexo de la jefatura de estación, donde se solicitó la presencia de un trabajador de seguridad institucional, quien llegó “cinco minutos después, valoró a la usuaria según el protocolo y requirió la presencia de una ambulancia”. A las 8:55 –casi dos horas después-- llegó la ambulancia 4 de Protección Civil de la alcaldía Miguel Hidalgo, cuyos paramédicos brindaron los primeros auxilios a la mujer. El diagnóstico, leyó: “estado etílico y con PB (sic) consumo de enervantes. Tal cual está establecido en la bitácora de la ambulancia”. Tras esa determinación, dijo, le aplicaron suero “y declinaron el traslado argumentando que en tres horas podría salir por su propio pie”. A las 10:00 horas la víctima, “evidentemente inconsciente, fue desalojada por seis policías y abandonada en el exterior, donde permaneció más de 29 horas”, mencionó Serranía, haciendo pausas en la voz. Y añadió: “Claramente los procedimientos y la actuación de algunos funcionarios públicos involucrados fueron inhumanos y, por lo tanto, imperdonables. Su actuar fue contra el más básico principio de preservar la vida de una persona y de procurar una atención médica”. La funcionaria aseguró que al día siguiente el área jurídica del Metro recibió la petición de la hija de María Guadalupe para localizarla. Entonces ordenó “dar acceso irrestricto a todos los videos del sistema”, hasta que a las 14:40 la localizaron al exterior de la estación Tacubaya. Lo que siguió fue resguardar las imágenes “y toda evidencia” para conformar la denuncia ante la PGJ. A las 18 horas del lunes 18 quedó abierta la carpeta de investigación y dieron parte al seguro de responsabilidad civil que cubre al Metro. Un mes después, el 20 de marzo, la jefa de estación fue cesada para enfrentar los cargos de acuerdo con las pruebas, dijo Florencia Serranía. Desde entonces, agregó, el STC colabora con la PGJ “para que se haga justicia, y que un acto de esa magnitud nunca vuelva a ocurrir”. De igual manera, destacó que se cambió el protocolo de atención a personas que requieren atención médica urgente, y que desde el 20 de febrero pasado el Metro cuenta con un servicio de ambulancia “exclusivo” que se activa cuando una unidad de emergencia reporta que tardará más de 30 minutos en llegar al lugar donde se le solicita. Incluso detalló que desde el 1 de marzo se ha capacitado a mil policías en Primeros Auxilios de Técnica Metro, curso en el que se les insiste “en la humanización, espíritu de servicio y concientización de que el servicio público se debe dar sin discriminación ni restricciones”. Jefa de estación, engañada: Sindicato Antes de la conferencia de las autoridades, el líder sindical del Metro, Fernando Espino, difundió una carta donde aseguró que los paramédicos hicieron un mal diagnóstico y erraron al no trasladar a la mujer al hospital. También señaló que la jefa de estación fue engañada por los elementos de la PBI: “De lo único que es responsable mi compañera es de haber incluido en su reporte el dato que proporcionó el PBI (…) quien con absoluta deshonestidad señaló que la persona referida había salido por sus propios medios de la estación”. El líder sindical añadió que la jefa de estación llamó al Centro de Comunicación para pedir una ambulancia, y tras el diagnóstico “pidió tiempo para que la usuaria se recuperara, pero los policías le informaron que María había dejado la estación por su propio pie”. En la conferencia de esta mañana, la titular de la PGJ, Ernestina Godoy, informó que el representante legal del SCT presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos. La procuradora señaló que, además de los videos, tienen las declaraciones del apoderado legal y de los mandos de la PBI que identificaron a los elementos involucrados, así como el expediente que emitió la clínica del IMSS en Ecatepec, donde falleció María Guadalupe; también los dictámenes en materia de criminalística, fotografía y química; los reportes al 911, y los resultados de la necropsia hecha por el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo), donde está publicada la causa de la muerte. Godoy Ramos aclaró que están en espera de un último dictamen del Instituto Nacional de Neurología, debido a que la PGJ no tiene dicha especialidad. “Estamos usando todas las herramientas jurídicas, lo estamos tratando de hacer en el menor tiempo posible”, dijo, y afirmó que la Subprocuraduría de Atención a Víctimas brinda apoyo a la familia, en particular a dos hijos de María Guadalupe. “El reto que asumo de manera personal es que se haga justicia y que quien tenga responsabilidades de carácter penal, así se tenga todos los elementos, que sean los tribunales los que determinen el grado de responsabilidad y el delito que pudo haberse cometido, más allá de las posibles responsabilidades administrativas”. Ninguno de los tres funcionarios que participaron en la conferencia admitió preguntas de la prensa.