CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).— El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo informó que congeló cuentas bancarias de siete personas físicas, así como de siete personas morales vinculadas a la página Zona Divas, presuntamente, dedicada a la trata de personas. En rueda de prensa, en la que estuvo acompañado con la procuradora de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy; y del titular de la división de investigación de la Policía Federal, Víctor Enríquez; Nieto Castillo señaló: “En virtud de la orden de aprehensión por parte de la Policía Federal, hemos procedido a hacer el bloqueo de las cuentas de siete personas físicas y siete personas morales y el sujeto Ignacio ‘N’, en relación de lavado de dinero y trata de personas”. De acuerdo con las autoridades, se detectaron transferencias a Estados Unidos y Panamá, así como la ubicación de seis empresas de giros relacionados con la construcción o la publicidad, las cuales se encargaban de realizar labores de lavado de dinero. Dichas empresas se ubican en la Ciudad de México y en Quintana Roo y se encargaban de pagar los supuestos sueldos de Ignacio “N”, alias El Soni para posteriormente blanquear los recursos económicos. Santiago Nieto explicó que aún desconocen los montos de las 15 cuentas. Por su parte, Ernestina Godoy explicó que Ignacio “N” se encuentra en el Reclusorio Oriente, en donde se llevará a cabo la audiencia inicial en el transcurso de la tarde. Mientras que el titular de la división de investigación de la Policía Federal, Víctor Enríquez informó que el portal Zona Divas mutó a Boutique VIP, por lo que se mantienen las investigaciones. El Soni está acusado de reclutar a cerca de dos mil mujeres con engaños, especialmente extranjeras, para prostituirlas en dichos portales de Internet. De acuerdo con la UIF, Ignacio “N” alias El Sony y su socio José “N” operaban y dirigían el portal de internet ZonaDivas.com, en donde exhibían fotografías de mujeres desnudas, nacionales y extranjeras, a fin de prostituirlas, las cuales eran llevadas con engaños con un notario público ante quien eran obligadas a firmar la autorización para poder disponer de sus fotografías de manera legal.