CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Organismos defensores de los derechos humanos y ambientales emplazaron a los tres niveles de gobierno de la Zona Metropolitana del Valle de México a aplicar políticas públicas ante los altos niveles de contaminación ambiental y los riesgos que representan para la salud, particularmente de menores. Las organizaciones civiles Red por los Derechos de Infancia en México (Redim) y Greenpeace, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitieron por separado pronunciamientos ante la crisis ambiental en la Ciudad de México y la zona metropolitana, detectada desde el pasado fin de semana, y llamaron a armonizar la normatividad con los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las organizaciones no gubernamentales denunciaron que las autoridades federales y estatales mantienen una política de “simulación”, al no actualizar las Normas Oficiales Mexicanas “que regulan los límites máximos permisibles de emisiones de contaminantes y la calidad de combustibles, ni las de salud ambiental para homologarlas con los estándares que propone la Organización Mundial de la Salud (OMS)”. Destacaron que en México “mueren cada año al menos mil 680 niñas y niños menores de cinco años de edad por enfermedades relacionadas con la mala calidad del aire y que el número de muertes atribuibles a esta causa han incrementado casi 60% entre 1990 y 2015, debido a las altas concentraciones de contaminantes, la gran mayoría vinculadas con el uso de transportes como el automóvil”. Las organizaciones alertaron que, en 2016, “las muertes de personas menores, de cero a cuatro años, representaron 53.4% de total de muertes por asma en menores de 18 años”, además de que se reportaron mil 902 fallecimientos por infección aguda en menores de edad. Al recordar que en 2018 Redim y Greenpeace presentaron el informe “No apto para pulmones pequeños”, las organizaciones resaltaron que, con la reciente contingencia, los habitantes del área metropolitana están expuestos a concentraciones de partículas PM 2.5, que van de 101 a los 161 puntos, lo que se agrava a la exposición continua a dióxido de Nitrógeno (NO2), que “se relaciona con diversas enfermedades de las vías respiratorias como disminución pulmonar, bronquitis agudas y asma, y se considera el culpable de los procesos alérgicos sobre todo en niñas y niños”, además de asociarse a enfisema pulmonar, irritación ocular y de las mucosas. Las organizaciones urgieron a “generar y homologar en todo el país políticas públicas dirigidas a mejorar los sistemas de información de los efectos de la calidad del aire en niñas, niños y adolescentes, así como en las regulaciones para hacer frente a la contaminación atmosférica en México”. Tras hacer un llamado a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para “ajustar las normas oficiales mexicanas para garantizar los derechos de la infancia”, Redim y Greenpeace recordaron a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que entre sus funciones está la de presidir el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA Cdmx), creado en 2014, de ahí que la exhortaron a que construir una política pública que garantice los derechos de la infancia, “en particular el derecho a la salud y a un medio ambiente sano”.   La CNDH pide medidas urgentes La CNDH se sumó a la preocupación por la mala calidad del aire en la ZMVM y llamó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a “adoptar con urgencia medidas necesarias y pertinentes para salvaguardar la salud de las personas, especialmente de niñas, niños, personas mayores y de quienes, por su condición de salud, las condiciones ambientales adversas puedan propiciarles un impacto diferenciado en sus derechos fundamentales”. El organismo pidió a las autoridades a cumplir con su obligación de “informar oportunamente sobre el estado guarda la calidad de aire, los posibles efectos en la salud y los mecanismos de protección adoptados”. La CNDH destacó que, además de los efectos en la salud y al medio ambiente, los altos niveles de contaminación “inciden de manera negativa en el pleno disfrute de todos los derechos fundamentales, que requiere de un medio propicio, favorable o adecuado”. El organismo recordó que en la Recomendación General 32, instaba a las autoridades a la armonización de las normas oficiales con los criterios y estándares de la OMS. En el documento, emitido en 2018, “se concluye que la contaminación atmosférica urbana es un problema que incide negativamente en el goce y ejercicio de los derechos humanos a la salud, nivel de vida adecuado, medio ambiente sano e informado, lo cual genera afectaciones a las personas, el entorno e incluso la actividad económica”. Se destaca también que “la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), ha señalado que en la ZMVM se sobrepasan continuamente los niveles máximos permisibles de PM 2.5 y Ozono (O3), recomendados por la OMS, e identifica dentro de los factores causales más importantes a las emisiones provenientes de automóviles, la combustión proveniente de incendios a cielo abierto y de plantas industriales fijas”. La recomendación general fue dirigida a los responsables de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Energía, Economía y Salud, así como a la Comisión Reguladora de Energía, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, los titulares de los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México, así como presidencias municipales y alcaldías.