CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tres exfuncionarios –dos hombres y una mujer– de la Secretaría de Administración y Finanzas del anterior gobierno capitalino fueron detenidos por su probable participación en la transferencia ilegal de poco más de 190 millones de pesos de la hacienda pública a una empresa sin registro como proveedor del gobierno. En un comunicado, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) informó que, según la denuncia realizada por la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Administración y Finanzas local, el ilícito -calificado como “contra la Hacienda Pública”- fue cometido el 7 de junio de 2018. Faltaba menos de un mes para las elecciones del 1 de julio. Ese día fueron transferidos 190 millones 24 mil 307 pesos  “desde la cuenta bancaria de la dependencia hacia la cuenta de una empresa que no se encontraba registrada en el padrón de proveedores de la institución, sin antecedentes con la administración pública y sin haber previsto ninguna obra o servicio”. Además, la transferencia se hizo “sin cubrir ninguno de los procedimientos administrativos previstos en las leyes de la ciudad ni con los ordenamientos para realizar pagos por esas cantidades, es decir, no mediaron bases sobre servicios o productos, términos de referencia, procesos de licitación, cuentas por liquidar certificadas, entre otras”, según la Procuraduría. Tras el conocimiento de los hechos, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales de la Procuraduría inició la indagatoria correspondiente y giró oficios a la Policía de Investigación (PDI) para obtener datos con testigos y recabar dictámenes periciales. Según la PGJ-CDMX, los trabajos de inteligencia, gabinete y campo desarrollados por los agentes de la PDI permitieron conocer la probable participación de tres implicados, el encargo que ocupaban cuando eran servidores públicos y, con ello, el pleno conocimiento del detrimento que causarían en las finanzas públicas. Además, en colaboración con instituciones bancarias la policía confirmó los movimientos en las cuentas públicas de particulares y del perjuicio de la Hacienda Pública de la Ciudad de México “encuadrándose en un posible acto de corrupción”. Con los elementos de prueba reunidos, la Procuraduría ejerció acción penal y solicitó a un juez de control la orden de aprehensión contra los implicados: un hombre de 37 años capturado en la alcaldía Azcapotzalco; otro de 57 años, en Venustiano Carranza; y una mujer de 41 años, en Benito Juárez. El día que se hizo la transacción ilegal, la titular de la Secretaría de Finanzas era Julieta González Méndez. Aunque, desde que ella asumió el cargo -el 26 de abril de 2018-, en columnas políticas se habló de que, quien en realidad manejaría el dinero de la ciudad sería el entonces coordinador general de Gabinete, Miguel Ángel Vásquez Reyes; el mismo que le entregó el nombramiento para lo que restaba de la administración de José Ramón Amieva.