Concanaco pide a los gobiernos local y federal investigar actos vandálicos durante marcha por los 43

viernes, 27 de septiembre de 2019 · 20:28
CIUDAD DE MÉXICO (apro).—La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) condenó los actos vandálicos cometidos por supuestos anarquistas en contra de establecimientos comerciales de empresas de diversos giros y edificios públicos de la Ciudad de México durante la manifestación que conmemoraba la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El organismo presidido por José Manuel López Campos solicitó a las autoridades del gobierno federal y al de la Ciudad de México que inicie las investigaciones para fincar y deslindar responsabilidades, a fin de proceder conforme a derecho, aplicando la ley en los delitos correspondientes a los actos realizados. Asimismo, llamó a las organizaciones, agrupaciones y demás ciudadanos que busquen manifestar su inconformidad, respecto algún caso que los afecte en su ámbito, pero que actúen con respeto a los bienes ajenos y públicos, y no transgredir los derechos de terceros con el pretexto de la libertad de expresión y de manifestación. “La Concanaco Servytur pide que el dialogo, las manifestaciones pacíficas y el entendimiento sean los principios para la construcción de una nación segura y en armonía social, entre los ciudadanos y sus autoridades, para buscar en cooperación y con propuestas soluciones a los problemas de grupos y del país, todos somos México, y queremos un país en paz.”, subrayó. Asimismo, señaló que es responsabilidad de la autoridad garantizar la seguridad física y patrimonial de los ciudadanos, “pero como mexicanos debemos asumir nuestra parte en este tema, que es respetar los derechos de los demás”. El líder del comercio organizado, dijo que la libertad de expresión garantizada en los artículos sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no debe ser un pretexto para que grupos hostiles afecten la paz social, ni debemos ser rehenes los ciudadanos de disputas políticas o presiones a las autoridades para la obtención de demandas sociales o económicas, aun cuando éstas sean legítimas.  

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