CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) Manuel Horacio Cavazos López enfrenta una denuncia penal por el presunto delito de violencia sexual contra sus hijas de cinco y siete años.
Cavazos rechazó la acusación y dijo que se hizo para “manchar” su carrera, y que peritos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) determinaron que no tiene “rasgos característicos de un agresor sexual”.
Tanto el presidente del TDJCDMX, Rafael Guerra Álvarez, como la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, han evitado pronunciarse sobre el caso. Sólo han dicho que es un asunto que está en el terreno de la Fiscalía general de Justicia (FGJ), que dirige Ernestina Godoy.
Cavazos López fue nombrado magistrado en 2014, durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera, hoy senador de la República.
De acuerdo con una nota publicada en el portal de noticias Animal Político, la acusación fue interpuesta el pasado 23 de septiembre. Y aunque en la carpeta de investigación hay pruebas periciales médicas, valoraciones psicológicas, declaraciones de las niñas ante el Ministerio Público y psicólogos especializados, además de audios en los que narran a su mamá las presuntas agresiones, “el caso no ha sido judicializado en cuatro meses”.
Cavazos López es magistrado de la Segunda Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales y “está a punto de ser ratificado como impartidor de justicia de forma vitalicia”. Dicha ratificación podría ocurrir junto con siete magistrados más, entre ellos quien liberó al exmarido y sospechoso del feminicidio de Abril Pérez Sagón, en noviembre pasado.
De acuerdo con Animal Político, la carpeta de investigación CI-FDS/FDS-6/UI-FDS-6-02/1927/09-2019 fue abierta ante la Fiscalía Central de Investigación de Delitos Sexuales de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (hoy Fiscalía) en septiembre de 2019.
En una audiencia realizada el pasado viernes 17 se dieron 10 días al Ministerio Público para determinar si hay elementos suficientes para llevar el caso ante un juez o si se cierra. Si se judicializa, Cavazos López ameritaría prisión preventiva.
El delito por el que está acusado se castiga con una pena de entre ocho y 20 años de cárcel, cuando las víctimas son menores de edad, y aumenta en dos terceras partes si hay parentesco, además de perder la patria potestad, según el artículo 181 bis y ter del Código Penal de la Ciudad de México.
La nota, elaborada por el periodista Ixtaro Arteta, asegura que las víctimas han tenido varias sesiones psicoterapéuticas en el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales (CTA). El organismo reportó que la hija mayor “muestra evasión, ansiedad y angustia al hablar sobre una posible agresión sexual”, mientras que en la menor “se identifica ansiedad, enojo, miedo, tristeza y confusión, sintomatología asociada a víctimas de agresión sexual”.
Pese a que el CTA es un organismo público de la FGJ, sus informes no cuentan como peritajes. Por el contrario, el peritaje psicológico que sí se realizó el mismo día de la denuncia a la hija mayor “da por cierto el hecho denunciado, aunque dice que no fue percibido como una agresión cuando sucedió”.
Pruebas
Según el texto, en las conclusiones del informe se señala que no hay cambios en el comportamiento de la niña ni síntomas físicos, como jaquecas o dolores estomacales. No obstante, entre las pruebas presentadas en el caso hay un reporte de la escuela que muestra que, en agosto pasado, al regreso de las vacaciones, fue varias veces a la enfermería porque tenía dolores de cabeza.
Más: el expediente contiene un peritaje médico que refiere que el examen ginecológico encontró una laceración “compatible con manipuleo o rascado producida por el borde libre de las uñas, por un mecanismo de fricción”.
Luego de la demanda, la madre de las víctimas pidió al juez 15 de lo familiar --el mismo que llevó divorcio de la pareja, en abril de 2019-- que suspendiera legalmente las convivencias del padre con las hijas. No obstante, a la fecha no se ha pronunciado y fue un juez federal quien lo ordenó.
El expediente también tiene audios de las niñas contando lo que pasaba cuando veían a su padre, pero ni la MP que investiga el caso ni el juez que decide las convivencias familiares las han tomado como prueba. Casi tres meses después --el 5 de diciembre-- el magistrado presentó un escrito de 200 páginas en el que descalifica lo dicho por su hija y acusó que era algo que su madre le pidió que contara.
El texto agrega que, en los cuatro meses que lleva sin avances el caso, organizaciones sociales y hasta políticos han pedido que se actúe para proteger a las niñas. El 10 de diciembre pasado, 67 diputados federales de todos los partidos firmaron una carta dirigida a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, con copia a la fiscal, Ernestina Godoy y al presidente del TSJCDMX, Rafael Guerra Álvarez, para pedir que el caso se resuelva con estricto apego a derecho.
El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, más de 50 representantes de organizaciones sociales enviaron una carta al juez 15 de lo familiar para pedir la suspensión del régimen de convivencia entre padre e hijas y que el caso se lleve con “la mayor diligencia e imparcialidad”.
Pese a tal situación, el proceso de ratificación de magistrados entre los que está Cavazos inició. El pasado miércoles 15, el Consejo de la Judicatura local publicó un aviso para recibir opiniones sobre los funcionarios a confirmar en el cargo. Según Animal Político, llegó al menos una carta con opinión negativa para Cavazos, emitida por la Red nacional de organismos de derechos humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).
En la misiva, la organización aseguró que el magistrado “no cumple con los elementos necesarios de honorabilidad para ser un juzgador, y además del caso de denuncia de violencia sexual, se mencionan señalamientos de violación a derechos laborales, parcialidad al favorecer a partes en juicios y permitir la impunidad, para lo cual citó notas periodísticas de 2007, cuando fue el primer juez que tuvo en sus manos el caso de corrupción de Carlos Ahumada, fue removido y después se absolvió al empresario”.
Por ley, a los cinco años de ser nombrados, los magistrados deben ser ratificados en el cargo, que entonces ocuparán hasta los 70 años. La ratificación debe hacerse ante el Congreso local y podría ocurrir en los próximos días, mientras se decide también si Cavazos es vinculado a proceso o no.
Magistrado se defiende
Un día después de la publicación del texto en Animal Político y otros medios de comunicación, Manuel Horacio Cavazos López envió una carta a dicho portal de noticias --que luego se hizo pública--, en la que rechazó la acusación de violar sexualmente a sus hijas y señaló a su exesposa de querer “manchar” su carrera política”.
El magistrado negó “rotundamente” la acusación y dijo: “me duele en lo más profundo por todo lo que conlleva. He decidido aclarar a fondo el caso, pues justamente la estabilidad de mis dos pequeñas es lo que más me interesa”. Agregó que su investidura “en ningún momento” ha obstaculizado la denuncia por presunto abuso sexual.
Explicó que tras el divorcio, además de la pensión fijada para sus hijas y su excónyuge, le asignaron un “tiempo muy reducido” para convivir con las menores, por lo que apeló la decisión y “por fortuna” ganó. Agregó que la madre de las niñas intentó impedir las convivencias y por eso lo denunció como agresor sexual.
Reiteró que nunca ha obstaculizado el proceso y agregó: “yo mismo solicité que se me practicara experticial en materia de psicología por peritos oficiales de la Fiscalía, y en ella quedó demostrado que no presento rasgos característicos de un agresor sexual”. Luego dijo que el caso “reclama una investigación a fondo y transparente que revele la verdad por encima de la calumnia y la venganza”.
Por último, reconoció que está en proceso de ratificación y que la acusación en su contra puede afectarle. “Puede afectarme, pero para ser honestos, una trayectoria de más de 20 años en el órgano judicial puede ser revisada cuidadosamente. Les corresponde a los diputados del Congreso de la Ciudad de México valorar mi desempeño durante seis años como magistrado”.
Tras la difusión de la carta, Animal Político publicó otra nota en la que aclara que la prueba de que no es un agresor sexual sí está en la carpeta de investigación. Se trata, dijo, de un documento que enumera las novias que tuvo a lo largo de su vida y concluye que no hay “indicadores de alteración sexual que manifiesten la presencia de predisposiciones pedófilas incestuosas, ya que el evaluado se ha vinculado sexual y afectivamente hacia la mujer adulta, a la que dirige su impulso sexual”.
De acuerdo con la nota, el portal de noticias contactó a la madre de las niñas, quien aseguró que “ella le cree a sus hijas”. La mujer dijo que “el perfil de agresor sexual no existe y no hay pruebas serias para probar esto, de acuerdo con diversos psicólogos especialistas, y que en ocasiones anteriores él se había negado a hacerse evaluaciones psicológicas”.
Por último, manifestó que ella sólo quiere justicia para sus hijas.
