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Juez niega amparo para detener demolición de edificio en Presa Anzaldo

La Sedema informó que la demolición tardará unos 60 días y costará alrededor de 30 millones de pesos que deberá pagar la empresa desarrolladora al gobierno capitalino.
martes, 10 de noviembre de 2020

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por “improcedente”, un juez negó hoy a la empresa desarrolladora Banca Mifel S. A. el juicio de nulidad que solicitó para detener la demolición del edificio ubicado en la Presa Anzaldo, en Periférico 3042, alcaldía Álvaro Obregón, por lo que el gobierno capitalino podrá continuar los trabajos que inició el pasado viernes 6.

En un comunicado, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), a través de la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental (DGEIRA), informó de la determinación del juez contra la solicitud de la desarrolladora que impugnó el Dictamen de Daño Ambiental número SEDEMA/DGEIRA/DEIAR/002946/2019.           

En ese dictamen, la DGEIRA determinó que Banca Mifel S.A. deberá hacer la restauración del sitio, así como la demolición total de las obras e instalaciones asociadas al proyecto.

Se trata de un inmueble que albergaría oficinas y que, hasta el pasado viernes 6, tenía 11 niveles subterráneos, con una superficie de construcción de 26 mil 141.39 m2 y 18 niveles sobre nivel de banqueta, con una superficie de construcción de 26 mil 881.584 m2. Además, fue levantado sobre un vaso regulador de agua en un terreno federal.

La Sedema explicó que, “luego de un procedimiento ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, se desechó por extemporáneo el recurso de apelación presentado por los responsables de las obras y, dado que ya se cumplió con el tiempo legal establecido en el dictamen de daño ambiental, se acordó que la DGEIRA lleve a cabo la demolición”.

Este martes, tras un juicio de nulidad contra la determinación de la Sala Superior del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, un juez negó el amparo a los desarrolladores por improcedente.

Ayer, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que el juicio contra este edificio ubicado en la Presa Anzaldo es una acción de combate a la corrupción inmobiliaria que fue permitida por la administración pasada en la capital.          

La Sedema informó que la demolición tardará unos 60 días y costará alrededor de 30 millones de pesos que deberá pagar la empresa desarrolladora al gobierno capitalino, además de una multa administrativa de 61 millones de pesos.