CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En una acción para combatir la corrupción inmobiliaria en la administración pasada, el gobierno de la Ciudad de México informó del inicio de la demolición de un inmueble construido en la Presa Anzaldo, sin permisos y sobre un vaso regulador.

La empresa Banca Mifel deberá restaurar la zona, pagar una multa de 61 millones de pesos y el costo de la demolición, que asciende a 30 millones de pesos.

El gobierno local interpuso denuncias penales y juicios civiles contra Directores Responsables de Obra (DRO) y exfuncionarios de la alcaldía Álvaro Obregón, por su presunta actuación en la construcción de esta obra irregular ubicada en Periférico 3042.

“Como hemos dicho en otras ocasiones, como lo dice el presidente de la República: al margen de la ley nada, por encima de la ley, nadie. Nosotros queremos que haya inversión privada en la ciudad, pero siempre tiene que estar en el marco de la ley, y particularmente la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda ha estado suspendiendo diversos --o suspendió el año pasado principalmente-- desarrollos que estaban fuera de la ley”, aseguró la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum.

Desde el año pasado, recordó, la mayoría de los desarrolladores inmobiliarios que no cumplían con las normas acudieron ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) para ajustar sus proyectos, aunque algunos, como el caso del edificio de la Presa Anzaldo, no lo hicieron.

“Siempre el particular tiene algunas otras opciones jurídicas, pero esperamos que los jueces, dada toda la información y toda la base de sustento que tiene este caso, (…) permitan realmente que se siga con este procedimiento que marca realmente un antes y un después en estos procesos de corrupción que se dieron en la administración pasada, que sin permiso se desarrollaron todas estas obras sobre un vaso de regulación fundamental para la ciudad”, apuntó. 

El caso

En la videoconferencia, la titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), Marina Robles, explicó que el desarrollo inmobiliario tenía diversos incumplimientos, entre ellos que el desarrollador no demostró que tuviera uso de suelo autorizado para la obra, así como Dictamen de Impacto Urbano ni Manifestación de Impacto Ambiental, y había irregularidades en la manifestación de construcción. 

Además, pese a que tenía negativa en materia ambiental, la constructora siguió con la obra e invadió el cuerpo de agua, que está en zona federal, abundó.

De acuerdo con Robles García, el proceso de demolición será de 60 días y está a cargo de 80 trabajadores de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), con el apoyo de las secretarías de Seguridad Ciudadana (SSC), de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y del Instituto de Verificación Administrativa (Invea).

La autoridad informó que la demolición de la obra se realiza como parte del dictamen de Daño Ambiental número SEDEMA/DGEIRA/DEIAR/002946/2019, que constaba de un edificio de oficinas con 11 niveles bajo nivel de banqueta, con una superficie de construcción de 26 mil 141.39 metros cuadrados (m2) y 18 niveles sobre nivel de banqueta, con una superficie de construcción de 26 mil 881.584 m2.

A la fecha se tenía una superficie de construcción de 75% con una inversión de 402 millones 51 mil 855 pesos.

Andrée Lilian Guigue, directora general de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental (DGEIRA) de la Sedema, explicó que el 4 de julio de 2019 la Sedema emitió una resolución con la que se determinó la demolición del inmueble y la imposición de una multa. 

No obstante, el representante legal de la desarrolladora promovió un juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de la Ciudad de México y obtuvo una suspensión provisional para seguir con la construcción, pero más tarde el Tribunal le dio la razón a la Sedema. 

Mariana Boy, procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), añadió que la Seduvi inició un juicio de lesividad para que no siguiera la obra, mientras que la dependencia a su cargo presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia local contra el DRO y quienes resulten responsables. 

La ambientalista recordó que desde 2014 se inició una investigación de oficio de diversos expedientes --pendientes o abandonados--, y en 2017 se presentó la primera acción pública contra el certificado de uso de suelo en dicha construcción y el registro de manifestación de construcción, ambos “mal emitidos”.

La autoridad responsable concedió la suspensión y la custodia de folios, y la alcaldía Álvaro Obregón dejó sin efectos el registro de manifestación, por lo que se sobreseyó esta acción pública.