Presentan acuerdo de actuación policial para manifestaciones en la CDMX

lunes, 3 de agosto de 2020 · 17:42
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para evitar la violencia policial en las manifestaciones, los uniformados deberán llevar su número de identificación visible, en casco y chaleco, y en todas las marchas deberá estar presente personal de la Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que solicitarán a los manifestantes que entreguen los objetos que lleven --como martillos y palos-- para evitar daños. Así lo establece el “Acuerdo para la actuación policial en la prevención de violencias y actos que transgreden el ejercicio de derechos durante la atención a manifestaciones y reuniones de la CDMX”, presentado este lunes por el gobierno capitalino y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM). La presentación ocurre dos meses después de que policías agredieron a la adolescente Melani “N” en una manifestación en la zona de Polanco, el pasado 5 de junio, y luego de que el viernes 31 de julio un grupo de mujeres encapuchadas se manifestó en favor del aborto legal en el país y protagonizó un enfrentamiento con uniformadas en el Zócalo capitalino; seis oficiales mujeres resultaron lesionadas. Nota relacionada: CDMX: Marcha proaborto desata gresca; una policía recibe golpe con martillo en una mano De acuerdo con el secretario de Gobierno, Jesús Alfonso Suárez del Real, dicho Acuerdo se implementó en esta última manifestación que, reconoció, “se salió de control” cuando el contingente llegó a la esquina de la avenida 20 de noviembre y el circuito del Zócalo. Pero “ya sabemos lo que no tenemos que hacer… Se hizo lo mejor que se pudo con la nueva forma de atender”, abundó. Nota relacionada: Con marcha, policías exigen liberar a compañeros detenidos por caso de Melanie (Video) Entrega de objetos para evitar daños Arturo Medina, subsecretario de Gobierno, explicó que en este acuerdo se va a privilegiar la comunicación, negociación y el diálogo para “reducir la tensión” entre los manifestantes. En tanto, los policías usarán casco y escudo como equipo de protección, “nunca armas letales”, y sólo deberán usar la fuerza cuando el mando a cargo lo ordene y siempre con base en la perspectiva de género, el principio de igualdad y no discriminación. Para evitar destrozos o daños a terceros, el funcionario local explicó que al detectar a personas que lleven objetos --como palos, martillos, mazos, etcétera-- los llamarán para que hagan la entrega de éstos. Si no hay disposición, dijo, se hará una evaluación entre el personal de las secretarías de Gobierno y de Seguridad, y las organizaciones defensoras de derechos humanos. “Y si no es eficaz este diálogo se podrá valorar, retener estos objetos o encauzar a quienes los tienen, a efecto de que con pleno respeto a sus derechos humanos no afecten la movilización”, agregó. En este punto, Suárez del Real aseguró que, si tras el diálogo los manifestantes no ceden a entregar los instrumentos, la policía procederá al “encausamiento” de su grupo para evitar que provoquen daños y así garantizar el derecho a la manifestación a quienes vayan en una postura pacífica. Sobre el uso legítimo de la fuerza, reiteró que las autoridades harán el análisis y los mandos “definirán en función de género y condiciones a efecto de no generar un daño, sino de impedir que el resto de los participantes puedan verse dañados físicamente”. Pablo Vázquez Camacho, subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la SSC, refrendó el compromiso de que el área de Asuntos Internos documentará lo que sucede en las marchas mediante el programa de “testigos supervisores de derechos humanos”, y elaborará informes puntuales de lo ocurrido. En la elaboración de este Acuerdo participó el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), además de que contó con la revisión de diputados del Congreso local y de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en su representación de la Ciudad de México. Los derechos de los policías Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), explicó que el nuevo Acuerdo está armonizado con los derechos humanos a la libertad de opinión y expresión, la reunión pacífica y la protesta social. Además, dijo, cumple con los cinco principios que guían el uso legítimo y proporcional de la fuerza: la absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad y la rendición de cuentas y verificación, así como con la Ley Nacional del Uso de la Fuerza de mayo de 2019. Destacó que el nuevo acuerdo enfatiza en el derecho que tienen los policías de tener acceso a los programas de asistencia médica, psicológica y jurídica especializada, y “no podrá ser sancionado por negarse a cumplir con una orden inconstitucional y notoriamente violatoria de derechos humanos”. De igual manera, reitera la “la tolerancia cero a cualquier acto de brutalidad policial” y resalta la obligación de que los policías reciban la capacitación correspondiente para intervenir en contexto de protesta social, así como en el uso legítimo y proporcional de la fuerza, partiendo del enfoque diferenciado y de género para la prevención del conflicto, y en la atención especial a grupos vulnerables. El nuevo Acuerdo --agregó-- complementa la regulación establecida en los otros tres instrumentos normativos que tiene la Ciudad de México en torno a la protesta social: el Protocolo de Actuación Policial de la SSC para la Protección de Personas en el Contexto de Manifestaciones o Reuniones, el Protocolo de Actuación de la Secretaría de Gobierno ante manifestaciones o reuniones y el Acuerdo por el que se establecen mecanismos de coordinación entre las autoridades que intervienen en la atención de bloqueos de vialidades primarias como parte de la protesta social en la Ciudad de México, anunciado en noviembre de 2019. Nashieli Ramírez aseguró que también considera el contenido de las Recomendaciones 7/2013, 9/2015, 10/2015, 11/2015, 16/2015 y 17/2015 y 11/2016 emitidas la CDHCM. La ombudspearson enfatizó que con ese acuerdo se avanza en la comprensión de que “cuando se habla de manifestaciones se habla del derecho a la protesta, el derecho a la expresión y también se habla de los derechos de quienes no están protestando para poder transitar y movilizarse en esta ciudad”.

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