CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras el desplome de una trabe y dos vagones de un tren en la Línea 12 del Metro, las familias de las 25 personas fallecidas tuvieron que aguantar largas horas de confusión para encontrar a sus seres queridos, recorriendo hospitales y agencias del Ministerio Público, hasta que finalmente casi todos los cuerpos fueron concentrados en la Fiscalía de Investigación Territorial Iztapalapa 6 que se localiza en Cabeza de Juárez.

Ubicada a 20 minutos del lugar del accidente, la Coordinación Territorial Iztapalapa 6 fue la oficina forense de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por casi 24 horas, tiempo que llevó a las autoridades -y a las familias- la identificación y entrega de los cuerpos de todas las víctimas.

Cansados de la incertidumbre y el dolor que atravesaron desde la noche del lunes, la familia de Immer del Águila Pineda (29 años) no dudó en calificar la actuación de las autoridades, particularmente de la Fiscalía capitalina, como “pésima”, debido a la incertidumbre y a la falta de organización para no mantener a las personas en una búsqueda que abarcó hospitales y juzgados.

“Estábamos aquí desde las seis de la mañana, el trámite fue bastante tardado, ha sido pésima la atención de los juzgados, a pesar de que ha habido apoyo para la cuestión de los trámites. Nosotros vamos a pedir y vamos a abogar por la indemnización”, explicó su hermano Samuel del Águila en una breve entrevista que concedió a Proceso a las cinco de la tarde, es decir, 11 horas después de su llegada a la Fiscalía Territorial Iztapalapa 6.

En la explanada que está frente al inmueble, se concentraron familiares y amigos de las víctimas del grave accidente ocurrido en la Línea 12 del Metro, por causas que todavía están sujetas a investigación.

Para poder recuperar los cuerpos de sus seres queridos, las familias debían pasar a reconocer a su ser querido. Ahí encontraron el cuerpo de Brandon Giovanny Hernández Tapia, el niño de 13 años que no localizaba a su mamá. También a Gabriela Ramírez, una joven de 31 años que tampoco aparecía entre los más de 80 lesionados que dejó el accidente.

Cada que reconocían a una de las víctimas del fatal accidente, en las instalaciones de la Fiscalía en Iztapalapa, afuera de la Agencia del Ministerio Público había un estallido de lágrimas y sollozos, seguido por largos abrazos entre familiares, amigos y novios o esposas y esposos de las personas fallecidas.

Una vez reconocido el cuerpo, dos familiares de las víctimas debían responder una larga entrevista ministerial sobre el ser amado que acababan de perder, luego el Registro Civil debía dispensar las autopsias de las víctimas y posteriormente se generaban boletas para poder tramitar las actas de defunción de los 25 fallecidos y fallecidas.

Sólo entonces empezaba el movimiento de carrozas y agentes funerarios que ofrecían el servicio gratuito a los afectados, pero no a costa de las ganancias de los particulares, sino de los convenios que dichas empresas firmaron con las autoridades capitalinas para apoyar a la población en casos de desastre.

El deceso de 25 personas por causa de un accidente que se pudo evitar, dio la pauta a estos convenios, entre lágrimas y abrazos se podía constatar que lo del Metro fue un desastre para la ciudad y una tragedia para las familias.

Abogados y activistas llevan sus “mensajes” a las víctimas

En la Fiscalía de Iztapalapa pulularon grupos de abogados que ofrecían sus servicios para demandas al gobierno de la ciudad, pero también llegó un grupo de activistas simpatizantes de la Cuarta Transformación que pidieron a los medios y los partidos políticos “no lucrar con la tragedia”.

En el primer caso llevaban cartulinas con la leyenda “Haremos pagar a quien tenga que PAGAR. Cuenta con nosotros gratuitamente”. Su promesa era parcialmente verdadera, ya que buscaban clientes pro-bono, es decir, que se comprometían a apoyar a la gente “pero descontando gastos”.

Ponían como ejemplo los gastos funerarios, con costo de hasta 100 mil pesos, a pesar de que, en ese mismo lugar, las autoridades se los ofrecían de forma gratuita a las familias de las víctimas.

Merodeaban a las víctimas, que tímidamente preguntaban o que, de plano, los rechazaban, argumentando la urgencia de recuperar a sus seres queridos.

Después de las 18 horas, un grupo de apenas cuatro hombres, dos muy jóvenes y dos adultos, se presentó en la Fiscalía de Investigación Territorial Iztapalapa 6 con sus propias cartulinas en las que acusaban al PRIAN de lucrar con el dolor. 

“El pueblo está de luto y los buitres quieren resucitar con el dolor del pueblo”, rezaba otra de las cartulinas.

Los silenciosos manifestantes se posaron ante las cámaras de los medios de comunicación que los retrataron y a petición de los propios medios aceptaron posar frente a los logotipos de la Fiscalía capitalina que identifican ese inmueble como una agencia del Ministerio Público.

Ignorados por las víctimas, los cuatro hombres se fueron tan rápido como llegaron. Nada cambió en la explanada de Iztapalapa 6, el dolor se mantuvo entre las personas y sólo comenzó a dispersarse con la salida de las carrozas y la retirada de las familias.

Cada familia comenzó a tomar su propio rumbo, tratando de poner fin a un día de trámites, para finalmente avanzar hacia su duelo, lejos de los medios, entre el enojo, el cansancio y la tristeza.