CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Falta de atención médica en la red de hospitales de la Secretaría de Salud local (Sedesa), la negativa para realizar pruebas covid-19, suspensión del servicio de agua y afectación al ingreso familiar por interrupción de actividades económicas, fueron los principales temas en las quejas que recibió la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) en 2020.

De acuerdo con el informe anual del organismo --presentado este martes por su presidenta, Nashieli Ramírez--, hacia la segunda mitad del año la Tercera Visitaduría recibió más quejas sobre negligencia médica en la atención de personas contagiadas por el virus SARS-COV-2, algunas de ellas víctimas fatales, además de que continuó la exigencia de apertura de actividades económicas.

Para las Visitadurías con menos quejas relacionadas con la emergencia sanitaria –Primera y Cuarta--, los asuntos tuvieron que ver con la falta de cumplimiento de los lineamientos para la prevención de contagio, como la ventilación y sana distancia, acceso a gel y lavado de manos en separos o espacios de detención en Juzgados Cívicos o por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sobre todo patrullas.

También con quejas de personas de grupos de atención prioritaria que fueron cambiadas de sus espacios de pernocta en inmuebles o calle, como trabajadoras sexuales, usuarias de albergues de la ciudad y calle.

Y destacó la elaboración de la Consulta #Infancias Encerradas, que dio voz a más de 40 mil niñas, niños y adolescentes en todo el país, de las cuales la mitad son de la Ciudad de México.

La ombusdperson informó que, de los 7 mil 334 expedientes de queja que se atendieron en las Visitadurías de la Comisión el año pasado, sólo uno de cada 10 estuvo relacionado directamente con aspectos vinculados a la emergencia sanitaria por covid-19.

En lo relacionado al comportamiento de las quejas por asuntos laborales, Ramírez Hernández agregó que entre marzo y junio las quejas se vincularon a la falta de provisión de insumos para personas trabajadoras de sectores esenciales, las asociadas a la protección en el ámbito laboral de los trabajadores con comorbilidades, las que son cuidadoras de familiares con alguna condición de salud o discapacidad y personas mayores.

Además, destacó que se dio apoyo a 20 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que trabajaron con población directamente afectada por la pandemia y la emergencia sanitaria, como personas en situación de calle, salud mental, violencia de género y violencia contra personas jóvenes, entre otras.

Y sobre las quejas relacionadas con el sistema penitenciario, dijo que éstas se asociaron en un inicio con la necesidad de gestionar vías de comunicación prontas y diligentes, para dar a conocer el estado de salud de las personas privadas de su libertad, atender las quejas por la restricción a las visitas, asegurar las consultas y atención médica, y el cumplimiento de los protocolos de salud para prevención de contagios al interior de los centros.

Para ello, agregó, “no solo se realizaron visitas de verificación a cada uno de éstos (más de 41), sino que se impulsó la comunicación virtual para la denuncia de irregularidades y la vinculación con las familias en colaboración con las autoridades penitenciarias”.

Nashieli Ramírez destacó que la CDHCM “se adaptó al contexto de pandemia para asegurar la prestación de sus servicios a las personas” y se mantuvo abierta los 365 días del año con un control sanitario y un Protocolo de Actuación para su Personal.

No obstante, dijo que en términos absolutos en 2020 hubo una diferencia importante en el número de personas que solicitaron los servicios de la Comisión, en comparación con 2019. De hecho, del total de servicios se benefició a 33 mil 309 personas y 268 colectivos agraviados, y en su mayoría correspondieron a gestiones vinculadas a la emergencia sanitaria.

Sobre la atención a los asuntos que no guardaron relación directa con el covid-19, se observaron como temas recurrentes los despidos injustificados, el acoso laboral y sexual, pago fuera de tiempo, asuntos derivados de la reducción de las labores de investigación ministerial, el retraso en la posibilidad de consulta a expedientes para que las víctimas estuvieran al tanto de las investigaciones y procedimientos judiciales, y la pausa en las diligencias para peritajes.

En cuanto al trabajo de determinación de violaciones a derechos humanos y reparación a las víctimas, el año pasado la CDHCM emitió ocho recomendaciones que reconocieron a 199 víctimas. Según el organismo, si bien ese número fue menor que en los dos años anteriores, es superior a las recomendaciones emitidas en 1998, 2005 y 2017.

Además, se emitieron las dos primeras recomendaciones generales de la CDHCM.