CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– Al cumplirse dos meses de la tragedia de la Línea 12, donde murieron 26 personas y más de 90 resultaron lesionadas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) informó que a finales de la próxima semana se indemnizará con un millón 920 mil pesos a cada una de las familias de quienes fallecieron en el colapso de la trabe metálica la noche del 3 de mayo.

Al momento, cinco personas permanecen hospitalizadas y 101 fueron dadas de alta. En tanto, solo se ha presentado una renuncia de parte del gobierno capitalino: la de Florencia Serranía, a la dirección general del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).

En videoconferencia y sin que se permitieran preguntas de la prensa, el comisionado, Armando Ocampo explicó que el monto determinado por la póliza del seguro contratado por el STC, que en un primer momento era de 325 mil pesos y pasó a 650 mil pesos, ahora aumentó a 870 mil; además de los 50 mil que les dieron en un inicio para sufragar los primeros gastos alimenticios y otros derivados de la muerte de su familiar.

Por parte de la CEAV, las autoridades determinaron indemnizar a esas 26 familias con un millón de pesos más, para sumar un total de un millón 920 mil pesos, como parte de la reparación del daño.

Ocampo informó que 23 de las 26 familias ya habían aceptado ese pago y que las tres restantes “se indemnizarán a través del Fondo de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y se va a resguardar y se podrá entregar en el momento que así lo consideren conveniente”.

En el caso de las personas lesionadas, se les dio una indemnización, “según las afectaciones, acorde a un dictamen en materia de salud”, aunque no mencionó la cantidad en pesos; solo dijo que se ha indemnizado a 82 familias, para dar un total de 108 familias.

Entre las familias que no han aceptado la indemnización se cuenta a la de Brandon Giovanni, el menor de 12 años cuya madre, Marisol Tapia, interpuso denuncias penales y administrativas en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de la Contraloría General del gobierno capitalino, respectivamente.

Las denuncias señalaron como presuntos responsables a diversas autoridades, entre ellas, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum; la ahora exdirectora del Metro, Florencia Serranía; y los exjefes de gobierno Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera.

El jueves 1 de julio, Tapia y su defensa legal anunciaron que interpondrán una queja en la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra las autoridades, por la presunta falta de atención del caso.

Además, el despacho Carbino Legal, representante de al menos 18 víctimas, anunció que prepara tres demandas: una administrativa por daño patrimonial que llevarán ante la Contraloría General, otra penal por homicidio y lesiones ante la FGJCDMX, y otra civil contra las empresas Carso, ICA y Alstom, constructoras de la Línea 12.    

Más beneficios

Acompañado solo por el secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real el comisionado Armando Ocampo agregó que, además de la indemnización monetaria, la CEAV ha complementado con la entrega de 253 becas de manutención –de entre 2 mil 500 pesos a 6 mil 400 pesos– a menores, hijos de las víctimas mortales y lesionadas para que puedan concluir sus estudios hasta el nivel superior.

También le han dado empleo a 145 personas, tanto en el sector privado como en el gobierno capitalino, entregado 60 casas del Instituto de Vivienda (Invi) y 114 ayudas económicas para mejoramiento de vivienda y 19 cancelaciones de crédito de vivienda.

El funcionario agregó que 61 personas tienen acceso gratuito al Instituto Nacional de Rehabilitación para recuperarse de sus lesiones.  

Ocampo informó que se han dado 11 mil 837 acciones alimenticias a familiares de personas que están y estuvieron hospitalizadas; así como 269 hospedajes y mil 235 traslados gratuitos a quienes lo necesitaron.

Además, se mantiene la cobertura de medicamentos e insumos médicos “en todos los casos que se requirió y se genera de manera completa en este caso la gratuidad”. Mientras que se han generado 2 mil 174 visitas domiciliarias acumuladas y beneficiado a 3 mil 108 personas medidas sociales, atención psicológica y de trabajo social.

El comisionado recordó que todas estas acciones son “bajo el principio rector y atendiendo la instrucción expresa de nuestra jefa de gobierno en ese sentido, de que ninguna familia iba a quedar o va a quedar en desamparo”.