CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La reforma aprobada por el Congreso de la Ciudad de México y promovida desde el gobierno de Claudia Sheinbaum para modificar la estructura del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) con el argumento de la austeridad ya tiene dos impugnaciones.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó que interpuso un juicio ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para impugnar los cambios en su estructura aprobados por la mayoría de los diputados locales el pasado 27 de mayo.

Además, el consejero electoral Mauricio Huesca también promovió, de manera individual, una solicitud de juicio para la protección de los derechos político-electorales ante la misma Sala, al considerar que con las reformas se limita el acceso a herramientas para ejercer su cargo.

En su edición 2379, que circula esta semana, Proceso publicó un reportaje en el que asegura que, “a tono con la embestida del gobierno federal contra el INE, la mayoría morenista en el Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma que adelgaza al órgano electoral local y que –a juicio de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano– traerá mayor opacidad y, peor aún, abrirá las puertas al financiamiento de las campañas por parte del crimen organizado. Por eso los partidos amagan con impugnar incluso en instancias internacionales”.

En un comunicado, el IECM explicó ayer que el decreto que reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la capital –publicado el pasado 2 de junio en la edición BIS de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México– impactan en su estructura interna y vulneran su autonomía. 

Agregó que el juicio electoral promovido es para solicitar a las personas magistradas de la Sala Superior del TEPJF la inaplicación de dicho decreto. Y es que, con esas reformas “se eliminan cinco unidades técnicas de la estructura técnica de este Instituto, así como la atribución del Consejo General, de crear los órganos técnicos que considere necesarios, a pesar de que este Instituto goza constitucionalmente de autonomía en su funcionamiento y la capacidad de determinar su organización interna”.  

El argumento de la impugnación es que el citado decreto representa “una vulneración a la autonomía en el funcionamiento del IECM, en su vertiente de gestión técnica, orgánica administrativa y en su funcionamiento interno, porque a través de la normativa modificada dispone la forma en que este Instituto debe gastar los recursos presupuestales, mediante la prohibición y la limitación de la estructura orgánica”. 

Además, dijo, “se afecta la facultad que tiene el IECM para autogobernarse, contenida en el artículo 83, fracciones 7 y 8 del Código, y limita su facultad normativa, al derogar el último párrafo del artículo 98 del referido Código, impidiendo que sean creadas Unidades Técnicas que realizan, desde su ámbito de especialización, actividades sustanciales de este Instituto”.

El consejero Huesca alegó que la eliminación de la Unidad Técnica de Fiscalización, una de las cinco áreas modificadas, afecta en la investigación de posibles fuentes ilícitas en los partidos políticos, particularmente en la realización de elecciones objetivas.

Dijo que al eliminarla se le resta profesionalización al área y ya no se garantiza el ejercicio de los derechos electorales de la ciudadanía.

 Las reformas aprobadas por la mayoría en el Congreso capitalino en una sesión de más de 26 horas seguidas entrarán en vigor 91 días después de su publicación en la Gaceta, es decir a principios de septiembre próximo.