México, DF - Tal como lo habían revelado activistas de derechos humanos, la Procuraduría General de la República archivó "injustificadamente" la investigación iniciada por las denuncias de amenaza en contra de la desaparecida abogada Digna Ochoa Esto lo establece un estudio técnico elaborado en torno al caso, en el cual se concluye que funcionarios de la dependencia incurrieron en "omisiones injustificadas en el cumplimiento del deber" En comunicado de prensa, la PGR informó que, según un estudio técnico jurídico recientemente efectuado, la investigación sobre el secuestro sufrido por Ochoa, en septiembre del 2000, fue enviada al archivo de manera "precipitada y sin justificación alguna" en noviembre del mismo año Sin embargo, algunos medios de comunicación denunciaron que la reserva de la investigación se había hecho hasta mayo de 2001, ya durante la gestión de Rafael Macedo de la Concha como procurador general de la República Este estudio, elaborado al interior de la PGR, fortalecería la versión de Macedo y su deslinde de la responsabilidad de archivar el caso De acuerdo con el análisis realizado por la propia PGR --a través de su órgano de control interno--, elementos de la misma incurrieron en omisiones graves al tratar el caso iniciado por Digna Ochoa después de haber sido secuestrada y recibir amenazas de muerte El estudio señala que agentes del Ministerio Público Federal omitieron su deber en torno a la investigación que, por secuestro, inició Digna Ochoa, así como David Fernández y Juan Salgado Ibarra Además, "actuó de manera precipitada en determinar la reserva de la indagatoria en un tiempo muy corto, al tratarse de un expediente de dos tomos, sin que se advirtiera justificación alguna" Y agrega que la responsabilidad se extiende hasta esta administración En marzo, apunta, la Dirección General de Derechos Humanos de la PGR solicitó el regreso a trámite de la averiguación previa "En esta ocasión, nuevamente, el agente del Ministerio Público de la Federación ocurre en los mismos actos omisivos al no cumplir con eficiencia las obligaciones inherentes a su cargo, sustancialmente las correspondientes a la investigación del delito y del delincuente, limitándose solamente a ordenar la intervención de la Policía Judicial Federal, tolerando que la actuación de estos elementos de dicha corporación también fuese deficiente, y lejos de exigirles que cumplieran con su obligación, consulta de nueva cuenta un acuerdo de reserva" A raíz de dicho estudio, informó la PGR, la Visitaduría General denunció, ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Servidores Públicos, los hechos encontrados Cinco Agentes del MPF están en entredicho, al igual que cinco agentes judiciales y dos funcionarios de Control de Procedimientos Penales13/01/02