México, DF - El vocero del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, Roberto Barrera Rivera, negó que dicho instituto haya incumplido con la Ley para la Protección al Ahorro Bancario, tal como aseguró el procurador fiscal de la Federación, Gabriel Reyes Orona, quien en breve dejará el cargo La discusión se centra en la liquidación completa de los activos de la banca intervenida, operación que, según Reyes Orona, debió concluirse el 19 de enero pasado, y según Barrera Rivera todavía tiene de plazo para finalizarse hasta el 19 de enero del 2004 La venta de la banca intervenida en 1995, en el llamado "rescate bancario", dijo Gabriel Reyes Orona, debía concluir en un periodo máximo de tres años a partir de la entrada en vigor de la LPAB, el 20 de enero de 1999 Esta exigencia la establece, anotó el funcionario, el artículo 13 de la propia ley El plazo, pues, concluyó este 19 de enero pasado En tanto, el vocero del IPAB anotó que a pesar de que la ley les otorga de plazo hasta el 2004 para concluir la venta de activos, el instituto se ha propuesto como meta concluir el proceso en este mismo año Y explicó las diferencia de opinión con Reyes Orona: se trata de un problema de interpretación de la ley "El IPAB deberá concluir los procesos de recuperación en un plazo máximo de cinco años a partir de la entrada en vigor del presente decreto, con excepción de la venta o delegación de la administración de los activos de las instituciones intervenidas por la comisión, que sean objeto de procesos de liquidación, el cual deberá concluir --ese sí-- en un plazo no mayor de tres años", explicó Dijo que la ley se puede interpretar de dos formas: a partir de la entrada en vigor de la LPAB o a partir del punto de liquidación Además, la LPAB no dice claramente que "en un plazo no mayor de tres años a partir de la entrada en vigor del presente decreto" se debe concluir la venta de los activos, "no lo dice" La LPAB no dice qué hacer o qué sanciones tomar en caso de incumplir la venta de los activos en el periodo mencionado En dado caso, dijo Barrera, sería el Congreso de la Unión el responsable de definir la sanción y el destino de los activos La venta de los activos de la banca intervenida es parte de la recuperación del dinero que el Gobierno federal gastó en 1995 para evitar la quiebra masiva de la banca mexicana El pago de intereses de los pagarés que obran en poder los bancos representa para el gobierno un gasto enorme, que hasta la fecha ha hecho que un solo presupuesto federal sea suficiente La venta de activos, de concluirse exitosamente, sólo permitirá recuperar el 7 por ciento de los 305 mil millones de pesos gastados en el rescate bancario Los bancos intervenidos fueron Cremi, Unión, Oriente, Interestatal, Industrial, Pronorte, Anáhuac, Capital, Obrero y Sureste En diciembre pasado, el fiscal de la Federación, Gabriel Reyes Orona, al dar cuenta de diversas investigaciones realizadas contra funcionarios y exfuncionarios, aseguró que su filiación priista había sido motivo para que algunos funcionarios quisieran verlo fuera del puesto "Efectivamente, soy priista, y tal parece que hay funcionarios que no están de acuerdo con la pluralidad", dijo Un mes antes, en noviembre, había adelantado que, no obstante que la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) exoneró a los tres vocales del IPAB --Alejandro Creel, Adalberto Palma y Humberto Murrieta--, acusados de "conflicto de intereses, presentaría la denuncia formal en contra de los funcionarios ante la propia Secodam Ello porque, aseguró, dicha dependencia dio "carpetazo" al asunto sin que el proceso hubiera iniciado formalmente En una comparencia ante la Comisión de Hacienda del Senado de la República, el funcionario presentó una serie de pruebas en contra de los vocales del IPAB, a los que señaló como culpables de "conflicto de intereses", pues antes de pertenecer a dicho instituto trabajaron para diversas instituciones bancarias que reciben pagos por concepto del "rescate" bancario Los continuos señalamientos en contra de funcionarios ligados al actual gobierno provocaron disgusto en las altas esferas del poder y fueron, según se rumoró, el motivo de que Reyes Orona decidiera, en diciembre pasado, presentar su "renuncia por motivos personales" El fiscal de la Federación dejará el cargo el 23 de enero y será sustituido por Carlos Tamayo Pino21/01/12