Un tribunal civil debe juzgar a militares, insisten familiares

miércoles, 2 de octubre de 2002
Acapulco, Gro (apro)- El juicio militar iniciado contra Mario Arturo Acosta Chaparro y Humberto Quirós Hermosillo, provocó inconformidad en los familiares de desaparecidos, quienes pretenden que sean las autoridades civiles las que tomen el caso El abogado de familiares de cientos de personas que fueron detenidas durante la guerra sucia en Guerrero, José Enrique González Ruiz, anunció el miércoles que en próximos días enviará al secretario de la Defensa Nacional, Clemente Ricardo Vega García, y al procurador de Justicia Militar, Jaime Antonio López Portillo, un exhorto para que "se turnen a la justicia civil los casos de desapariciones, pues las víctimas no fueron militares y, según el artículo 129 de la Constitución, tendría que ser la autoridad civil la que trate los casos" González Ruiz, representante legal de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de México (Afadem), coincidió con víctimas de la represión en que el giro que se le dio a los casos de Acosta y Quirós, "lo que pretende es exonerarlos de crímenes de lesa humanidad, bajo el argumento de que cumplieron órdenes, la llamada obediencia militar, lo que tiene tintes de una ley de punto final, como la hubo en Argentina" Exrector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) precisamente en tiempos de la guerra sucia, lamentó que la PGR haya sido la responsable de entregar expedientes incriminatorios a la Procuraduría Militar, sin tomar en cuenta a los familiares de las víctimas "Por la información periodística, nos hemos percatado que ha sido la PGR la que entregó documentos al Ejército para que ellos formularan las acusaciones, sin que nos tuvieran al tanto, lo que nos parece un golpe bajo por parte del gobierno de Vicente Fox", dijo De acuerdo con datos publicados en un diario de circulación nacional, el pasado fin de semana, la defensa de los militares, que no se identifica con su nombre, afirma que las únicas acusaciones que hay contra los generales son "las presentadas por Afadem", denuncias que fueron llevadas a la PGR con la intención de que fuera esta dependencia la que las atendiera "No podemos considerar que sea una mala jugada del fiscal especial Ignacio Carrillo Prieto, porque él no manda en la PGR ni en su fiscalía; creemos que el responsable de turnar las quejas ilegalmente a la justicia militar fue el general Rafael Macedo de la Concha, en un intento de quedar bien con su jefe máximo, Fox, pero no con los afectados, y cerrar el caso, que el asunto quede en familia", destacó González Ruiz, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM El abogado insistió en que los delitos cometidos por Acosta y Quirós son del fuero civil, además que la jurisprudencia internacional demuestra que "no hay justicia si son militares quienes juzgan a sus similares" González Ruiz destacó que en el caso de Acosta Chaparro, existen varios testigos de su actuación "criminal" durante la persecución a la guerrilla del Partido de los Pobres "Él, a diferencia de Quirós, del que poco tenemos documentado, se presentaba a las comunidades a presenciar las atrocidades, cuando se quemaban pueblos, se sacaba a la población a deshoras y se detenía sin elementos; cuando campesinos y dirigentes sociales fueron torturados, e incluso llegó a decirles a las víctimas que él, Acosta, era el único que podía decidir si vivían o morían", aclaró De acuerdo con testimonios de víctimas y familiares de desaparecidos, "Acosta Chaparro tenía carta abierta para moverse en todo el país; lo mismo detenía a personas en Guerrero que en Morelos, el Distrito Federal o Veracruz, lo que habla de que la Brigada Blanca era una organización clandestina que gozaba de todos los fueros" Durante la segunda etapa de la guerra sucia, la persecución a lo quedaba de las organizaciones armadas en el gobierno de Rubén Figueroa Figueroa, Acosta Chaparro fungió como director de todas las corporaciones policiacas, tiempo en el que también se registraron desapariciones "Son los años de los pozos de Copacabana, en Acapulco, y el pozo Meléndez, en Taxco; aquí las desapariciones fueron menores en número, tal vez, pero más dirigidas, algunas contra estudiantes, porque Figueroa tenía la idea de que en la Universidad Autónoma de Guerrero se formaba a nuevos cuadros guerrilleros, de ahí el intento del entonces gobernador de retirar el subsidio a la UAG" Para González Ruiz, Acosta "nunca dejó de ser militar ni de pertenecer a la Brigada Blanca; más que Figueroa, creemos que fue el mismo gobierno federal el que lo comisionó a estar de tiempo completo en Guerrero, primero para acabar con la guerrilla y luego con cualquier vestigio, para lo que no importó que se cometieran delitos gravísimos, como el genocidio y la desaparición forzada, lo que convierten a Acosta en un delincuente de lesa humanidad" El abogado insistió en que los familiares de las víctimas harán la petición, "formal y respetuosa, al secretario de la Defensa para que no se involucre al Ejército, que saque las manos de este caso, porque los afectados demandan que sea la justicia civil la que castigue a los responsable de las cientos de desapariciones, que no sólo son Quirós y Acosta" Y sentenció: "De no ser así, de iniciarse un proceso contra ellos por delitos como el homicidio, que ya prescribieron, confirmaremos que el gobierno de Fox no cumplió, para variar, otra promesa: hacer justicia en los crímenes del pasado" 30/09/02

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