Fines electorales, la entrega retardada de recursos a estados, acusa diputado

sábado, 2 de noviembre de 2002
México, D F (apro)- Un claro propósito electoral para el 2003 es lo que se advierte de parte del gobierno federal cuando, además de recortar presupuestos a los gobiernos estatales sin justificación legal alguna, retarda o retiene la entrega de los recursos aprobados, advirtió el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Gregorio Urías Germán Al respaldar la demanda que el Gobierno de Sinaloa interpuso contra la Secretaría de Hacienda para que la entidad recupere 54 millones de pesos que la dependencia jamás entregó como parte del ejercicio presupuestal del 2001, el legislador dijo que también durante el año en curso ha habido retrasos en la entrega de partidas autorizadas “Y yo de eso tengo pruebas de sobra Todo el año he peleado con las secretarías de Hacienda y de Educación Pública porque acordamos un fondo de mil millones de pesos para universidades públicas del país, de los cuales unos 200 millones correspondían a la Universidad de Sinaloa, pero hasta ahora no le han entregado ni un sólo peso”, denunció Al señalar que, en realidad, de ese fondo no le han entregado recursos a ninguna institución pública de educación superior del país, advirtió que no entregar ese dinero no sólo es un crimen, sino un delito “Y es lamentable que así lo haya decidido el gobierno federal, dadas las severas condiciones de asfixia y restricción financiera que las universidades padecen desde hace años”, agregó Dijo que cuando se ha demandado una explicación de la SEP, ésta argumenta que Hacienda se los programó para noviembre o diciembre, “lo cual es un absurdo porque para entonces –expuso-, el ciclo escolar está terminando Entonces debe quedar claro que, además de los recortes, si los recursos no se han liberado en tiempo y de manera cronológica, programada o prorrateada, es porque seguramente existe una intención electoral” Entrevistado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Urías Germán hizo notar que el Presupuesto de Egresos para el 2002 no sólo es ley, sino que tiene validez constitucional “Y si no se respeta, pues es elemental y correcto, en términos constitucionales, acudir a otro poder, demandar al Ejecutivo ante el Judicial, porque, en última, instancia es el indicado y facultado para dirimir y dictaminar resoluciones de controversia constitucional” explicó En tanto, informó, al Congreso de la Unión no sólo le corresponde la aprobación del Presupuesto de Egresos que el Ejecutivo necesita, sino también la supervisión de que éste se cumpla y se ejerza en los términos y plazos en que fue aprobado En ese sentido, afirmó: “Estamos analizando seriamente la posibilidad de reformar la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, así como la parte normativa del presupuesto, pero también introducir candados al Ejecutivo Como han transcurrido las cosas hasta hoy tenemos que analizar más a fondo la posibilidad de interponer un recurso de controversia” “En esto de los mil millones aprobados a las universidades --dijo--, fui de los que más participó y en este tema demandaríamos jurídicamente, pues no es posible que no se entregue a las universidades un recurso ya aprobado” Consideró que la retención de recursos efectivamente podría tener un propósito de reactivación de la economía, pero de manera calculada, mediante la estrategia de “incrementar el circulante que han tenido detenido, que han estado conteniendo, que lo tienen guardado por allí y que, además, está ganando intereses, lo cual es otra discusión necesaria” Sugirió que a partir de enero el gobierno federal continuaría por la misma ruta para llegar a las elecciones de julio del 2003, con rentabilidad político-electoral “Seguramente esto está en el fondo de lo que ha estado haciendo el gobierno federal, particularmente el secretario de Hacienda, Francisco Gil” El presupuesto asignado a Sinaloa es de unos 12 mil millones de pesos, semejante al de la UNAM, pero por debajo, incluso, al de estados más pequeños y con población menor Como ejemplo, refirió el legislador perredista, se encuentra Tabasco, donde se han asignado más de 17 mil millones de pesos para este rubro “Pero en el 90 por ciento los presupuestos públicos están amarrados o comprometidos al gasto programable, que tiene que ver con gasto corriente, recursos humanos, funcionamiento de infraestructura y programas permanentes El margen de maniobra de un presupuesto público en cualquier nivel de gobierno es relativamente pequeño, no son muchos los recursos de inversión en obra pública” 01/11/02

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