Pachuca, Hgo (apro)- Continúan en investigación 330 casos de presuntos delitos electorales a escala federal, de un total de 550 denuncias recibidas en lo que va del presente año, señaló María de los Angeles Fromow Rangel, fiscal especializada para la atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República (PGR) Durante su visita por esta ciudad, en que participó como ponente en el foro “La Fepade y los delitos electorales”, la funcionaria señaló que las investigaciones que continúan abiertas, pertenecen, en su mayoría, a casos registrados en los estados de México, Distrito Federal, Jalisco, Oaxaca y Chiapas Los quejas que han sido desechadas, sostuvo, han carecido de pruebas o pertenecen al fuero común, y son remitidas a sus estados, sin embargo, todavía restan 330 casos pendientes de los que se continúan desahogando las pruebas Hasta el momento, aseguró que Hidalgo es uno de los estados con menor incidencia delictiva electoral, y continúa sin presentarse querella alguna por el presunto uso de programas federales, de los cuales existen cuatro casos en la Subprocuraduría de Asuntos Electorales, perteneciente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) Fromow Rangel apuntó que la intención de la oficina que encabeza es difundir los delitos para que la ciudadanía no incurra en ellos, además de propiciar un ambiente de confianza para que presenten sus denuncias y entiendan, ciudadanía y partidos políticos, “que no se deben alejar de la legalidad” Para el proceso electoral del año próximo en que se renovará el Congreso de la Unión, la fiscal señaló que la ciudadanía podrá interponer su querella antes y durante la jornada electoral, además que se instalará un bufete jurídico para orientar a la gente Incluso, la Fepade contará con peritos que trabajarán en la sede y subsede para atender este tipo de ilícitos Manifestó que pese a tener una punibilidad baja –de seis meses a nueve años de prisión--, se espera que sigan disminuyendo las quejas de tipo electoral, toda vez que la coacción, el uso indebido de recursos y la manipulación de programas sociales, cada vez se entiende que salen del marco jurídico 08/11/02