Tuxtla Gutiérrez, Chis - Las denuncias contra el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía no cesan y siempre apuntan hacia el mismo hecho: la violación a los derechos humanos Esta imagen se ha visto empeorada por su reciente negativa a atender una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del estado en torno al "Operativo Marqués de Comillas", donde autoridades estatales presuntamente torturaron a 70 personas Esta vez, habitantes de la comunidad San José, así como seis indígenas, bases del EZLN, acusaron al gobierno de ocultar información sobre la tortura y violencia que servidores públicos efectuaron en dicho operativo En un comunicado de prensa, firmado por 56 habitantes de San José, lamentan la negativa del gobierno estatal de aceptar la recomendación de la CEDH, donde se sugiere a las autoridades indemnizar a los afectados, liberar a los actuales detenidos por el operativo e instaurar una mesa de diálogo para dar respuesta a la petición original del poblado: la instauración de proyectos de desarrollo Explican que durante el rescate de seis funcionarios retenidos por el Mocri se detuvo a 69 personas, 36 de las cuales son miembros de la llamada Sociedad Civil en Resistencia y 6 bases del EZLN Ninguna de estas 42 personas participaba en el movimiento en cuestión "Sin embargo, fuimos arbitrariamente privados de nuestra libertad, se nos golpeó, trasladó de modo inhumano y finalmente se nos torturó", acusan Prueba de ello, subrayan, son los peritajes médicos que reconocen en los detenidos graves fracturas, heridas múltiples que, incluso, obligaron a las autoridades a pagar la hospitalización de tres de ellos Estos peritajes fueron tomados en cuenta por la CEDH para emitir su recomendación Ancianos, mujeres y niños fueron agredidos por los cuerpos policiacos, lo que los orilló a refugiarse en las montañas durante una semana; "estos hechos son a todas luces una flagrante violación a nuestros derechos humanos", sostienen Sobre los daños materiales que el gobierno no quiere reconocer, los denunciantes explican que 81 de las 90 casas de San José fueron saqueadas y allanadas por los policías, quienes robaron desde documentos personales hasta comida y dinero en efectivo, además de destruir los bienes que se localizaban en su interior También robaron el equipo de radio comunicación, lo que a la fecha mantiene incomunicado al poblado San José Testimonios de los anteriores hechos fueron recogidos por observadores nacionales e internacionales, quienes grabaron y fotografiaron, a pocos días del operativo, la situación en que los policías dejaron a la comunidad Los indígenas denunciantes acusan al gobierno estatal, encabezado por Pablo Salazar, de "mantener, tolerar y proteger" las acciones policiacas de su antecesor, Roberto Albores "Y nos preguntamos: ¿hay cambios sin justicia? El cambio debe empezar por asumir errores y no ocultar la información o manipular los hechos () nadie puede estar por encima de la ley, así que buscaremos todos los medios necesarios para hacer valer nuestros derechos", reiteran los indígenas de San José Sin embargo, a la recomendación de la CEDH el gobierno de Salazar Mendiguchía respondió que la violación a los derechos humanos no había sido probada, ya que los testimonios y supuestas pruebas habían sido recogidos por "un organismo de derechos humanos", el Fray Bartolomé de las Casas, sin que se hubiera comprobado la veracidad de los datos por parte de la CEDH Además, el gobierno chiapaneco ha tenido diversos conflictos con el titular de la instancia, Pedro López Hernández, quien incluso recibió un atentado contra su vida El ombudsman chiapaneco, desde diciembre pasado, denunció que el gobierno de Salazar lo presionaba para que renunciara a su cargo, precisamente por el caso de Marqués de Comillas Al no aceptar las presiones, dijo en enero pasado, hubo amenazas de muerte y después, refirió, personas desconocidas balearon el frente de su casa, hecho del que responsabilizó al gobierno de Salazar Incluso, le exigió que públicamente se deslindara de toda responsabilidad Salazar Mendiguchía se doblegó a dar explicaciones públicas, pero no se quedó con el golpe: externó sus dudas de la verdad de las palabras del ombudsman al señalar que el ataque "pudo ser un autoatentado" Posteriormente, vino el rechazo de la recomendación y la acusación de que López Hernández se había dedicado a sacar publicidad para sí mismo con el caso Marqués de Comillas05/02/01